DEPORTES

EL PAIS DIGITAL. 30.10.98. JUAN JOSÉ PARADINAS, Madrid
Las imponentes cláusulas de rescisión de contratos con los que los clubes creen haber blindado a sus futbolistas se tambalean. El juzgado de lo social número 1 de Pontevedra ha dictado una sentencia que puede convertir en calderilla los 65.000 millones de pesetas, récord en el fútbol español, que tiene el brasileño Denilson si rompe unilateralmente su compromiso con el Betis. Igual se puede decir de Fran (50.000 millones), Mijatovic (21.700) o Rivaldo (12.000), entre otros. Los tribunales superiores tienen la palabra, puesto que el Pontevedra presentará recurso.

Un futbolista madrileño, Óscar Téllez, decidió hace dos años abandonar el equipo en que jugaba, el Pontevedra, de Segunda B, para fichar por el Alavés, entonces en Segunda. La pasada temporada fue traspasado al Valencia, que pagó por el jugador 350 millones de pesetas.

El Pontevedra reclamó a Téllez 15 millones de pesetas, importe que figuraba en la claúsula de rescisión de contrato, del que le restaba una temporada por cumplir. El Pontevedra no recibió ese dinero y denunció el caso. José Fernando Lousada, titular del juzgado de lo social número 1 de Pontevedra, dictó el pasado 23 de septiembre una sentencia -cuyo contenido hizo público entonces la agencia Efe y ayer amplió Cinco Días- por la que rebaja la indemnización a tres millones.

Expertos como Juan Antonio Sagardoy -catedrático del Derecho del Trabajo -, José Bermejo Vera -catedrático de Derecho Administrativo- o Gabriel Real -catedrático de la Universidad de Alicante- ya adelantaron sus dudas sobre la validez de los blindajes de los clubes a sus jugadores (EL PAÍS, 21-6-97), cuando algunos jugadores del Madrid, por ejemplo, vieron cómo sus cláusulas de rescisión de contrato superaban los 21.000 millones ante el temor de que se repitiese la historia de Ronaldo . "Los jueces no harán caso de esas cantidades si se les plantea una reclamación", avisó entonces Sagardoy, mientras que Gabriel Real insistía en que "se han desbordado de forma escandalosa y el juez seguro que las modifica".

Sagardoy se reafirmó ayer en su teoría: "El juez dice lo que ya predije. Las cláusulas de rescisión son causas penales. Previenen un incumplimiento y tienen su pena, que el juez puede moderar al aplicar el artículo 16 de decreto 1006. Las cláusulas de rescisión son positivas pero siempre que sean objetivas. A partir de ahora, con esta sentencia, están bajo inseguridad jurídica".

El caso Téllez, como ya se conoce la sentencia en una emulación de la que lleva el nombre de Bosman para referirse a la que aprobó la libre circulación de jugadores comunitarios, ha emprendido el camino de sentar jurisprudencia. El Pontevedra va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, según informó ayer su vicepresidente Manuel Franco, a su vez asesor jurídico del club. Una de las alegaciones de esta entidad, según su abogado, insiste en que "la sentencia no ha tenido en cuenta el lucro cesante". "Cuando Téllez decidió irse al Alavés, el Rayo nos daba ocho millones por el jugador", indicó Manuel Franco, quien añadió: "Además, después de un año en el Alavés, el Valencia ha pagado 350 millones por él y ahora el juez cifra la indemnización en tres millones. Claro que lo haremos constar en el recurso".

El juez, para justificar la cantidad, ha recurrido a los ingresos anuales del jugador en el Pontevedra. Si el caso se aplicase a Mijatovic, por ejemplo, su cláusula de rescisión pasaría de 21.770 millones a unos 2.000 millones.