IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

El CADIZ presentó ante el Comité de Competición de la Real Federación Española las alegaciones pertinentes el pasado martes, dentro del plazo reglamentario. La reclamación del conjunto amarillo se basa en la participación durante el partido del pasado domingo -el último de Segunda que supuso el descenso del CADIZ Segunda B- de Francisco Femenía Fas, Kiko, que jugó con el dorsal número 29 y que disputó 58 minutos (los únicos en la Liga). El Cádiz reclama que la ficha juvenil del futbolista fue cursada por el HERCULES en el mes de septiembre de 2007, fuera de los plazos establecidos.

Dentro del reglamento de las competiciones de ámbito estatal correspondientes a la temporada 2007-08, en la cuarta disposición general se dice que "la alineación de jugadores de clubs filiales o dependientes en equipos de orden superior estará, en todo caso, condicionada a que hubieran sido inscritos dentro de los períodos reglamentariamente establecidos para los jugadores del equipo en el que vayan a intervenir". Los periodos establecidos, según esta misma circular, están muy claros: "En virtud de las previsiones contenidas en el artículo 141.1 del Reglamento General federativo, en Primera, Segunda y Segunda División B el período de solicitud de licencias de futbolistas comprenderá desde el 2 de julio del año en curso hasta el 31 de agosto siguiente, inclusive; entre los días 2 y 30 de enero de 2008 se abrirá otro período extraordinario para idéntico fin". Teniendo esta base y, tras descubrir que la ficha de Kiko fue cursada en el mes de septiembre, el Cádiz entiende que hay motivos para hablar de alineación indebida.

Desde la entidad gaditana se ve muy claro el incumplimiento y se mantienen firmes en su idea, asegurando que la llevarán hasta las últimas consecuencias. Desde el Hércules se asegura que se tiene un fax enviado por la Federación española en el que se dejaba claro que el juvenil podía jugar el último partido con el primer equipo.

Hay un tercero eventualmete damnificado, el Córdoba C.F., que lógicamente debe ser oido en el procedimiento y personarse en defensa de sus legítimos intereses.