Por contra, Emilio A. García Silvero, que le había precido en el uso de la palabra, defendió la libre cesión sin contrapartida especial a cargo de las federaciones deportivas, apoyado en preceptos de la Ley española 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y en la normativa de las FIFA y de la propia Real Federación Española de Fútbol. Añadió que los jugadores obtenían un incremento en su cotización al participar con las selecciones, de la que se beneficiaban los clubes. También hizo mención a la naturaleza jurídica de los árbitros, a quienes –mutatis mutandis- equiparó a los profesores de religión; invocó la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la que se reconoció la preeminencia del ente titular –la Iglesia, en nuestro caso la Real Federación Española de Fútbol- sobre la entidad –el Ministerio de Educación, aquí la LFP-, que recibe la efectiva prestación de los servicios.