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02 de noviembre de 2012 |
El anteproyecto de Ley Antidopaje y los derechos fundamentales
P or Julián Espartero Casado
En su prólogo a la pionera y señera obra de Mariano Carmelo González Grimaldo, significaba el ilustre profesor Martín Mateo que hasta «el Derecho Penal se detiene ante los muros de un estadio deportivo» . Eran los años setenta y esta consideración no resultaba extraña en el contexto del régimen imperante en la organización y regulación del deporte propia de un Estado con Derecho, pero no de Derecho.
Hoy, afortunadamente, esta situación se halla ampliamente superada. Pero, quizás, no al mismo nivel que el resto de los contextos de la sociedad española y de la que el deporte no es sino su reflejo. Así, es lo cierto que la relación entre el Derecho y el deporte no termina de ser una relación completa y acabada. Ilustrativo de esta consideración viene a ser la noticia –ayer publicada en esta página de Iusport- de que el Consejo Fiscal ha emitido informe, el pasado 17 de octubre, sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva en el que advierte de la posibilidad de que el anteproyecto de Ley sea contrario a la Constitución.
Subrayándose, entre otros aspectos, que el Consejo pone reparo a que los deportistas sospechosos de dopaje deban someterse a un arbitraje obligatorio y se les niegue la opción de recurrir ante la justicia ordinaria. También a la prevención de que en los casos en los que estén implicados deportistas de nivel internacional se puede recurrir una decisión de los organismos deportivos únicamente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la Fiscalía subraya que «el sistema puede plantear problemas de constitucionalidad, si se parte de que el arbitraje no es aceptado voluntariamente por el deportista, sino que le viene impuesto en el conjunto de cláusulas que debe aceptar para obtener la licencia». Así como también se pone en entredicho numerosos puntos del anteproyecto de la Ley Antidopaje, y recuerda que «según el Tribunal Constitucional, el arbitraje obligatorio [y excluyente] es inconstitucional en España por vulnerar el derecho a la tutela judicial».
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Modificado el ( 04 de noviembre de 2012 )
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