En defensa del Comité de Competición de

La resolución del Comité de Competición en el caso Real Betis Balompié SAD – Sevilla CF SAD (tres partidos de clausura y terminación del partido en campo neutral a puerta cerrada) ha despertado la indignación de muchos, que consideran que la única sanción apropiada es la descalificación del equipo organizador del partido.

Cierto es que la RFEF firmó en julio de 2002 el denominado “Compromiso contra la violencia en el deporte” junto al Ministerio del Interior, Consejo Superior de Deportes, Asociación de Futbolistas Españoles y Liga Nacional de Fútbol Profesional, y pocos meses después modificó el artículo 118 de sus estatutos (incidentes del público de naturaleza grave) para reducir el castigo existente hasta entonces, posibilitándose (en aplicación del principio de retroactividad favorable, conjugado con la suspensión cautelar obtenida judicialmente) que el Nou Camp no se cerrara por los incidentes que son sobradamente conocidos. Cierto es también que la RFEF suscribió el “Protocolo de actuaciones contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol” en marzo de 2005, en el que se contempla la pérdida del partido (o eliminatoria) como castigo a aplicar a los actos violentos, y que posteriormente resolvió el monedazo del Valencia – Deportivo de idéntica manera que como en el caso que nos ocupa (precedente importante porque estableció una línea que el Comité de competición, en aras de la seguridad jurídica de los participantes en la competición, ha continuado). Y también es cierto que quien suscribe pensaba en aquel momento que el Comité de Competición había obrado tan mal como la Federación, no ejecutando los acuerdos asumidos.

Sin embargo, rectificar es de sabios, y creo que mi primera apreciación (quizás superficial y visceral, por implicar a un miembro del colectivo arbitral al que pertenezco, y además, compañero en algunas actuaciones a lo largo de España) era desacertada. Y lo digo sin ningún tipo de tapujos. Los cafres no pueden meter goles, y si aplicamos sanciones deportivas a los actos violentos (algo que incluye en su texto el actual Proyecto de Ley contra el racismo, la xenofobia, la violencia y la intolerancia en el deporte, y que vienen aplicando puntualmente los organismos deportivos internacionales), lo harán. Conocedores de que un botellazo a un jugador, suplente o entrenador dará la victoria a su equipo, ¿se detendrá el ultra sur en agredir a Beckham (por ejemplo) la última jornada, si con ello se garantiza conseguir el título de Liga en un recinto ajeno y máxime cuando el jugador no será madridista la temporada siguiente? ¿sería extraño que quien lanzó la botella a Juande Ramos se desplazara a un tercer estadio para obtener, acto violento de por medio, la victoria del equipo que favorece la permanencia matemática del Real Betis a través de otra agresión? Parece obvio que no. Y no olvidemos que este tipo de simulaciones no son nuevas; todavía retengo en mi retina las imágenes televisivas del guardameta chileno, en un partido clasificatorio de selecciones hace algunos años, lleno de sangre y abatido por el impacto de una bengala… que finalmente se demostró no fue sino una simulación acordada con el masajista, mercromina de por medio, buscando la clasificación por sanción al equipo local por dicho acto vandálico.

Creemos firmemente que los riesgos expuestos no deben ser asumidos por el deporte. A los jugadores, técnicos y clubes, sanciones disciplinarias, proporcionales a su culpabilidad (que parece escasa en el supuesto del lanzamiento aislado de un objeto, como en el Valencia – Deportivo, en el que además fue una moneda que el club organizador no puede impedir se introduzca en el campo, o en el Betis – Sevilla), máxime si el agresor puede ser finalmente identificado. Pero los partidos deben quedar sobre el terreno de juego, y en manos de sus protagonistas. Los cafres no pueden meter goles, y posibilitarlo implica la asunción de unos riesgos sobre los que merece la pena reflexionar por parte de todos.