LEY ARBITRAJE 36/1988, de 5 de diciembre, de
Arbitraje.
La sustitución del régimen jurídico del arbitraje de Derecho Privado vigente viene
siendo reclamada desde diversos sectores y corporaciones. La Ley de 22 de diciembre de
1953 supuso un innegable avance sobre la situación existente con anterioridad. Sin
embargo, la Ley de 1953 estaba concebida para la solución arbitral de conflictos de
Derecho Civil en el más estricto sentido de la palabra; la práctica ha demostrado, en
cambio, que dicha no sirve para solucionar mediante instrumentos de composición arbitral
las controversias que surgen en el tráfico mercantil, ni menos aún para las que surgen
en el tráfico mercantil internacional. La nueva regulación se estructura en nueve
Títulos.
El Título I delimita el ámbito de aplicación de la Ley, configurando el objeto sobre el
que pueda recaer el arbitraje y separando esta institución de otras figuras afines. Se
elimina la distinción entre el contrato o preliminar de arbitraje y el compromiso que
efectúa la Ley de 1953. El convenio arbitral, instrumento en el que se plasma el derecho
de las personas a solucionar las cuestiones litigiosas de su libre disposición que
reconoce el artículo 1.º, puede tener por objeto cuestiones presentes o futuras. Se
trata con ello de superar la relativa ineficacia de la cláusula compromisoria o contrato
preliminar de arbitraje, que solía estipularse antes del nacimiento real de la
controversia entre las partes, obligando quizá por la misma naturaleza de las cosas a
exigir su formalización judicial cuando la controversia ya estaba presente entre las
partes.
El Título II introduce como novedades el Principio de libertad formal en el convenio
arbitral, la consagración legislativa del principio de separabilidad del convenio
arbitral accesorio. de un negocio jurídico principal y, sobre todo, la posibilidad de que
las partes difieran a un tercero del nombramiento de los árbitros e, incluso, la
organización del sistema arbitral. Se dota de un amplio margen de actuación al principio
automía de la voluntad pero se adoptan las cautelas lógicas frente a situaciones de
desigualdad contractual en las que puedan encontrarse las partes. Así, se declara nulo el
convenio que coloque a una de las partes en situación de privilegio en relación con la
designación de los árbitros, se contempla el supuesto de convenio arbitral como
cláusula accesoria de un contrato de adhesión y se dispone de los reglamentos arbitrales
que establezcan las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de
derecho público a quienes se permite que las partes encomienden la organización y
administración de servicios arbitrales se protocolicen notarialmente a fin de dotarles de
la necesaria fijeza.
El Título III se refiere a los árbitros y regula su capacidad, sus incompatibilidades y
su abstención y recusación. En el caso de pluralidad de árbitros, éstos elegirán un
presidente a quien incumbe dictar el laudo en el caso de que no hubiera acuerdo
mayoritario. El procedimiento arbitral regulado en el Título IV, queda también remitido
en gran parte a la autonomía de la voluntad. Sin embargo, se requiere la observancia de
unos trámites mínimos y, en todo caso, el respeto a los prrincipios de audiencia.
contradicción e igualdad.
El Tílulo V regula el laudo arbitral, exigiendo su motivación y su notificación
fehaciente a las partes. Cabe destacar como novedad la regulación de la posibilidad de
corrigir errores u omisiones materiales.
El Título VI se dedica a la intervención jurisdiccional a lo largo del procedimiento
arbitral. Tal intervención se ha reducido a la estrictamente necesaria. Con la intención
de simplificar el procedimiento arbitral propiamente dicho y en línea con lo establecido
en otros ordenamientos, se encomienda a los árbitros, en defecto de acuerdo de las
partes, la delimitación de la controversia sometida a arbitraje, lo que permitirá
descargar a la Administración de Justicia de algunas de las funciones que actualmente
tiene encomendadas en la formalización judicial del arbitraje.
El convenio arbitral no implica renuncia de las partes a su derecho fundamental de tutela
judicial, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Por ello, el Título VII
regula un recurso de anulación del laudo a fin de garantizar que el nacimiento,
desarrollo y conclusión del procedimiento arbitral se ajustan a lo establecido en la Ley.
Junto a ello se ha introducido la posibilidad de anular el laudo cuando éste fuese
contrario al orden público, concepto que habrá de ser interpretado a la luz de los
principios de nuestra Constitución. El órgano competente para conocer del recurso es la
Audiencia Provincial. Es ésta una decisión ecléctica entre la regulación vigente de
los recursos contra el laudo, cuyo conocimiento se atribuye al Tribunal Supremo, como si
de una sentencia se tratara, y los que postulan que, siendo el laudo una decisión
puramente privada, su anulación debería incumbir a los Juzgados de Primera Instancia. La
Ley ha optado por la vía intermedia, consciente de que un órgano pluripersonal con
competencias en el orden civil como la Audiéncia Provincial, tal y como aparece
configurada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, podía ser el adecuado para conocer de
la anulación.
Se prevé, por otra parte, que, en tanto se tramita la posible anulación, pueda el
interesado solicitar la adopción de medidas cautelares que garanticen la efectividad del
laudo.
El Título VIII regula la ejecución judicial del laudo, con un sistema lo suficientemente
completo como para encauzar la pretensión de ejecución y la oposición a la misma con
las garantías suficientes para ambas partes.
El Título IX prevé el reconocimiento, que se atribuye al Tribunal Supremo, y la
ejecución, que se atribuye a los Jueces de Primera Instancia, de los laudos arbitrales
extranjeros, sin perjuicio de los tratados internacionales que formen parte del
ordenamiento interno y de los cuales ya están haciendo uso nuestros Tribunales con
relativa frecuencia.
En el Título X se contienen normas de Derecho Internacional Privado, relativas a la
capacidad para otorgar el convenio arbitral, a la validez y los efectos de éste y a la
Ley aplicable para decidir el fondo de la cuestión litigiosa, cuando se trate de un
arbitraje de derecho. Se ha mantenido el criterio, ya presente en el artículo 10.5 del
Código Civil, de exigir algún grado de conexión entre la Ley aplicable y la
controversia objeto de arbitraje, a fin de evitar que por la vía del arbitraje se
produzca lo que se ha dado en llamar la fuga del Derecho de determinadas relaciones
jurídicas internacionales. La Ley efectúa una reforma en profundidad del arbitraje para
que esta institución resulte apta no sólo para resolver los litigios que se planteen en
el marco de complejas relaciones mercantiles o de aisladas relaciones jurídico-civiles,
sino también para eliminar conflictos como los que se producen en el tráfico jurídico
en masa, mediante la autonomía de la voluntad de las partes. El Comité de Ministros del
Consejo de europa, en su Recomendación 12/1986, referente a ciertas meidas tendentes a
prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los Tribunales, postula que los gobiernos
adopten las disposiciones adecuadas para que "en los casos que se presten a ello, el
arbitraje pueda constituir una alternativa más accesible y más eficaz a la acción
judicial".
Por ello, leyes recientes, como la de Ordenación del Seguro Privado, la General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, la de Propiedad Intelectual y la Ordenación de
los Transportes Terrestres complementaría, especialmente desde el punto de vista
procesal.
Esta Ley facilitará un cauce sencillo y económico para la eliminación de conflictos
mediante el uso de su libertad por parte de los ciudadanos, garantizando, al mismo tiempo,
que el sistema que se instaura es igualitario Se trata, en definitiva, de remover,
conforme ordena el artículo 9.º de la Constitución, los obstáculos que dificulten o
impidan la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra.
Disposiciones generales
Artículo 1
Mediante el arbitraje, las personas naturales o jurídicas pueden someter, previo
convenio, a la decisión de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas, surgidas o
que puedan surgir, en materias de su libre disposición conforme a derecho.
Artículo 2
1. No podrán ser objeto de arbitraje:
a) Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución.
b) Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de disposición.
c) Las cuestiones en que, con arreglo a las Leyes, deba intervenir el Ministeno Fiscal en representación y defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar o de representación legal, no pueden actuar por sí mismos.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley los arbitrajes
laborales.
Artículo 3
1. El arbitraje para ser válido deberá ajustarse a las prescripciones de esta Ley.
2. Cuando en forma distinta de la prescrita en esta Ley dos o más personas, pacten la
intervención dirimente de uno o más terceros y acepten expresa o tácitamente su
decisión, después de emitida, el acuerdo será válido y obligatorio para las partes si
en él concurren los requisitos necesarios para la validez de un contrato.
Artículo 4
1. Los arbitros decidirán la cuestión litigiosa con sujeción a derecho o en equidad,
según su saber y entender, a elección de las partes.
2. En el caso de que las partes no hayan optado expresamente por el arbitraje de derecho,
los árbitros resolverán en equidad, salvo que hayan encomendado la administración del
arbitraje a una corporación o asociación en cuyo caso se estará a lo que resulte de su
reglamento.
Del Convenio arbitral y sus efectos
Artículo 5
1. El convenio arbitral deberá expresar la voluntad inequívoca de las partes de someter
la solución de todas las cuestiones litigiosas o de algunas de estas cuestiones, surgidas
o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, sean o no contractuales, a la
decisión de uno o más árbitros, así como expresar la obligacion e cumplir tal
decisión.
2. Si el convenio arbitral se ha aceptado dentro de un contrato de adhesión, la validez
de este pacto y su interpretación se acordarán a lo prevenido por las disposiciones en
vigor respecto de estas modalidades de contratación.
Artículo 6
1. El convenio arbitral deberá formalizarse por escrito y podrá concertarse como
cláusula incorporada a un contrato principal o por acuerdo independiente del mismo.
2. Se entenderá que el acuerdo se ha formalizado por escrito no sólo cuando esté
consignado en un único documento suscrito por las partes, sino también, cuando resulte
de intercambio de cartas, o de cualquier otro medio de comunicación que deje constancia
documental de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje.
Artículo 7
Excepcionalmente, será válido el arbitraje instituido por la sola voluntad del testador
que lo establezca para solucionar las diferencias que puedan surgir entre herederos no
forzosos o legatarios para cuestiones relativas a la distribución o administración de la
herencia.
Artículo 8
La nulidad de un contrato no llevará consigo de modo necesario la del convenio arbitral
accesorio.
Artículo 9
1. El contenido del convenio arbitral podrá extenderse a la designación de los árbitros
y a la determinación de las reglas de procedimiento. Si las partes no hubieren pactado
sobre estos extremos podrán completar, en cualquier momento, mediante acuerdos
complementarios, el contenido del convenio arbitral.
2. Las partes podrán deferir a un tercero, ya sea persona fisica o jurídica, la
designación de los árbitros.
3. Será nulo el convenio arbitral que coloque a una de las partes en cualquier situación
de privilegio con respecto a la designación de los árbitros.
Artículo 10
1. Las partes podrán también encomendar la administración del arbitraje y la
designación de los árbitros, de acuerdo con su reglamento, a:
a) Corporaciones de Derecho Público que puedan desempeñar funciones arbitrales, según sus normas reguladores.
b) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales.
2. Los reglamentos arbitrales de las Corporaciones de Derecho Público y de las
Asociaciones y sus modificaciones, se prolecolizarán notarialmente.
3. La Corporación o Asociación quedará obligada, desde su aceptación a la
administración del arbitral.
Artículo 11
1. El convenio arbitral obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado e impedirá
a los Jueces y Tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje,
siempre que la parte a quien interese lo invoque inmediatamente a la oportuna excepción.
2. Las partes podrán renunciar por convenio al arbitraje pactado, quedando expedita la
via judicial. En todo caso, se extenderá que renuncian cuando, interpuesta demanda por
cualquiera de ellas, el demandado o demandados realicen, después de personados en el
juicio, cualquier actividad procesal que no sea Ia de proponer en forma la oportuna
excepción.
De los árbitros
Artículo 12
1. Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen, desde su aceptación, en el
pleno ejercicio de sus derechos civiles.
2. Cuando la cuestión litigiosa haya de decidirse con arreglo a Derecho, los árbitros
habrán de ser abogados en ejercicio.
3. No podrán actuar como árbitros quienes tengan con las partes o con la controversia
que se les somete, alguna de las relaciones que establecen la posibilidad de abstención y
recusación de un Juez, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2.
4. Tampoco podrán actuar como árbitros los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo, ni
quienes ejerzan funciones públicas retribuidas por arancel.
Artículo 13
El número de árbitros, que será siempre impar, y las reglas para el nombramiento del
Presidente del Colegio Arbitral, en el caso de ser varios, se fijarán por las partes de
común acuerdo. A falta de acuerdo los árbitros serán tres y el Presidente del Colegio
Arbitral será elegido por mayoria por los propios árbitros. Si éstos no llegaren a un
acuerdo ejercerá como Presidente el árbitro de mayor edad. Cuando la administración del
arbitraje se haya encomendado a una Corporación o Asociación la designación de
Presidente se hará de acuerdo con su reglamento.
Artículo 14
El nombramiento de los árbitros en el supuesto del artículo 10.1 se efectuará conforme
a los reglamentos de la Corporación o Asociación, siempre que se respeten los requisitos
exigidos en la presente Ley y sin que puedan ser designados árbitros quienes hubieren
incumplido su encargo dentro del plazo establecido o su prórroga o incurrido en
responsabilidad declarada judicialmente en el desempeño de anteriores funciones
arbitrales.
Arlículo 15
1. La designación se comunicará fehacientemente a cada uno de los árbitros para su
aceptación.
2. Si los árbitros no hubiesen aceptado por escrito ante quien los designó en el plazo
de quince días naturales a contar desde el siguiente a, su notificación, se entenderá
que no aceptan el nombramiento.
3. En la misma forma y con los mismos efectos se procederá en los casos en que la
designación se hiciera por medio de una Corporación o Asociación o en el caso del
artículo 9.2.
Artículo 16
1. La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la Corporación o Asociación, a
cumplir fielmente su encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los
daños y perjuicios que causaren por dolo o culpa. En los arbitrajes encomendados a una
Corporación o Asociación el perjudicado tendrá acción directa contra la misma, con
independencia de las acciones de resarcimiento que asistan a aquélla contra los
árbitros.
2. Salvo pacto en contrario, tanto los árbitros como la Corporación o Asociación
podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender a
los honorarios de los árbitros y a los gastos que puedan producirse en la administración
del arbitraje.
Artículo 17
1. Los árbitros podrán ser recusados por las mismas causas que los Jueces, con las
especialidades de los párrafos siguientes.
2. Los árbitros sólo son recusables por causas que hayan sobrevenido después de su
designación. También podrán serlo por causas anteriores cuando no hubieren sido
nombrados directamente por las partes o cuando aquéllas fueren conocidas con
posterioridad.
3. Las personas designadas árbitros están obligadas a poner de manifiesto las
circunstancias que puedan determinar su recusación tan pronto como las conozcan.
Artículo 18
1. Si el árbitro recusado acepta la recusación será apartado de.sus funciones,
procediéndose, al nombramiento de otro en la forma prevista para las sustituciones.
2. Si no la aceptare, el interesado podrá, en su caso, hacer valer la recusación al
solicitar la anulación del laudo.
Artículo 19
Cualquiera que sea la causa por la que haya que designar un nuevo árbitro, se hará por
el mismo procedimiento mediante el cual fue designado el sustituido.
Artículo 20
1. De acuerdo con las partes, los árbitros podrán nombrar un Secretario.
2. En su defecto, los árbitros podrán elegir de entre ellos, si lo consideran
conveniente, al que desempeñe las funciones de Secretario, que en ningún caso deberá
ser el Presidente del Colegio arbitral.
Del procedimiento
Artículo 21
1. El procedimiento arbitral se ajustará en todo caso a lo dispuesto en esta Ley, con
sujeción a los principios,esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre las
partes.
2. El desarrollo del procedimiento arbitral se regirá por la voluntad de las partes o por
las normas establecidas por la Corporación o Asociación a la que se haya encomendado la
administración del arbitraje y, en su defecto, por acuerdo de los árbitros.
3. Las partes podrán actuar por sí mismas o valerse de abogado en ejercicio.
Artículo 22
1. El procedimiento arbitral comienza cuando los árbitros hayan notificado a las partes
por escrito la aceptación del arbitraje.
2. La inactividad de las partes no impedirá que se dicte el laudo ni le privará de
eficacia.
Artículo 23
1. La oposición al arbitraje por falta de competencia objetiva de los árbitros,
inexistencia, nulidad o caducidad del convenio arbitral deberá formularse en el momento
de presentar las partes sus respectivas alegaciones iniciales.
2. Si los árbitros estimaron la oposición planteada sobre las cuestiones del párrafo
anterior quedará expedito el acceso a los órganos jurisdiccionales para la solución de
la cuestión litigiosa sin que quepa recurso contra la decisión arbitral. La decisión
arbitral desestimatoria sobre estas cuestiones podrá impugnarse, en su caso, al
solicitarse la anulación judicial del laudo.
3. En todo caso, la falta de competencia objetiva de los árbitros podrá ser apreciada de
oficio por éstos aunque no fiubiese sido invocada por las partes.
Artículo 24
1. Salvo lo acordado en el convenio arbitral o lo que dispongan los moamentos arbitrales,
los árbitros decidirán el lugar donde se desarrollará la actuación arbiral, así como
el lugar en el que deban realizar cualquier actuación concreta y lo notificarán a las
partes.
2. Salvo acuerdo de las partes, los árbitros determinarán el idioma o idiomas en que
haya de desarrollarse al procedimiento arbitral y lo notificarán a las partes. No podrán
elegir un idioma que ninguna de las partes conozca o que no sea oficial en el lugar en que
se desarrollará la actuación arbitral.
3. Las partes podrán designar un domicilio para recibir notificaciones. En su defecto, se
entenderá como domicilio el del propio interesado o, en su caso, el de su representante.
Artículo 25
1. Los árbitros no están sujetos en el desarrollo del arbitraje a plazos determinados,
salvo acuerdo de las partes y sin perjuicio de lo establecido, en esta Ley respecto del
plazo para dictar el laudo.
2. No obstante, los árbitros fijarán a las partes plazos preclusivos para formular las
alegaciones.
Artículo 26
Los árbitros practicarán a instancia de parte, o por propia iniciativa, las pruebas que
estimen pertinentes y admisibles en Derecho. A toda práctica de prueba serán citadas y
podrán intervenir las partes o sus representantes.
Artículo 27
Los árbitros podrán solicitar el auxilio del Juez de Primera Instancia del lugar donde
se desarrolle el arbitraje, en la forma prevenida en el artículo 43, para practicar las
pruebas que no puedan efectuar por sí mismos.
Artículo 28
Si en el curso del arbitraje se incorpora un nuevo árbitro en sustitución de otro
anterior, se volverán a practicar todas las pruebas que se hubieren realizado con
anterioridad, salvo si el árbitro se considerara suficientemente informado por la lectura
de las actuaciones.
Artículo 29
Los árbitros podrán acordar, una vez practicadas las pruebas, oír a las partes o a sus
representantes.
Del laudo arbitral
Artículo 30
1. Si las partes no hubieren dispuesto otra cosa, los árbitros deberán dictar su laudo
en el plazo de seis meses, contados desde la fecha en que hubieren aceptado la resolución
de la controversia o desde el día en que fuera sustituido el último de los componentes
del Colegio arbitral. Este plazo sólo podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes,
notificado a los árbitros antes de la expiración del plazo inicial.
2. Transcurrido el plazo sin que se hubiere dictado el laudo, quedará sin efecto el
convenio arbitral y expedita la vía judicial para plantear la controversia.
Artículo 31
En cualquier momento antes de dictarse el laudo las partes, de común acuerdo, pueden
desistir del arbitraje o suspenderlo por un plazo cierto y determinado.
Artículo 32
1. El laudo deberá dictarse por escrito. Expresará al menos las circunstancias
personales de los árbitros y de las partes, el lugar en que se dicta, la cuestión
sometida a arbitraje, una sucinta relación de las pruebas practicadas, las alegaciones de
las partes y la decisión arbitral.
2. El laudo será motivado cuando los árbitros decidan la cuestión litigiosa con
sujeción a Derecho.
Artículo 33
1. El laudo será firmado por los árbitros, que podrán hacer constar su parecer
discrepante. Si alguno de los árbitros no lo firmase, se entenderá que se adhiere a la
decisión de la mayoría.
2. El laudo se protocolizará notarialmente y será notificado de modo fehaciente a las
partes.
Artículo 34
El laudo arbitral, así como cualquier acuerdo o resolución del Colegio arbitral, se
decidirá por mayoría de votos dirimiendo los empates el voto del Presidente. Si no
hubiere acuerdo mayoritario, el laudo será dictado por el Presidente.
Artículo 35
1. Los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que
incluirán los honorarios y gastos debidamente justificados de los árbitros, los gastos
que origine la protocolización notarial del laudo y su aclaración, los derivados de
notificaciones y los que origine la práctica de las pruebas y, en su caso, el coste del
servicio prestado por la corporación o asociación que tenga encomendada la
administración del arbitraje.
2. Salvo acuerdo de las partes, cada una de ellas deberá satisfacer los gastos efectuados
a su instancia y los que sean comunes por partes iguales, a no ser que los árbitros
apreciasen mala fe o temeridad en alguna de ellas.
Artículo 36
1. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo cualquiera de las
partes podrá pedir a los árbitros que corrijan cualquier error de cálculo, de copia,
tipográfico o similar o que aclaren algún concepto oscuro u omisión del laudo.
2. Los árbitros resolverán dentro de los diez días siguientes, protocolizarán su
decisión notarialrnente y harán que se notifique fehacientemente a las partes. Si en el
plazo señalado no hubiesen resuelto se entenderá que deniegan la petición.
Artículo 37
El laudo arbitral firme produce efectos idénticos a la cosa juzgada. Contra el mismo
sólo cabrá el recurso de revisión, conforme a lo establecido en la legislación
procesal para las sentencias judiciales firmes.
De la intervención jurisdiccional
Artículo 38
1. Si las partes no se pusieren de acuerdo con la designación de los árbitros, se
procederá a instancia de cualquiera de los interesados a la formalización judicial del
arbitraje conforme a las reglas establecidas en los artículos siguientes.
2. No obstante, no procederá la formalización judicial del arbitraje si los árbitros
hubieren sido designados directamente por las partes y todos o alguno de los no aceptase o
se imposibilitasen para emitir el laudo o si la corporación o asociación a la que se
encomendó la administración del arbitraje no aceptase el encargo. En estos casos, salvo
que las partes lleguen a un acuerdo, quedará expedita la vía judicial para la
resolución de la controversia.
Artículo 39
1. Será competente para conocer de la formalización judicial del arbitraje el Juez de
Primera Instancia del lugar donde deba dictarse el laudo; en su defecto, a elección del
actor, el del domicilio o residencia habitual de cualquiera delos demandados.
2. El actor se dirigirá por escrito al Juzgado, indicando las circunstancias concretas de
la falta de acuerdo. Acompañará al escrito los documentos acreditativos del convenio
arbitral.
3. El Juez procederá conforme a las formalidades previstas para el juicio verbal.
Artículo 40
1. La incomparecencia del demandado o de alguno de los demandados o de sus representantes
no suspendería la celebración del acto.
2. La incomparecencia del demandante o de todos los demandantes o de sus representantes
dará lugar a que se les tenga por desistido en su pretensión condenándoseles al pago de
las costas, salvo que el demandado o alguno de los demandados o sus representantes
manifestaren su interés por la formalización judicial del arbitraje, en cuyo caso se
verificará la celebración del acto.
Artículo 41
1. En el acto de la comparecencia el Juez oirá. a las partes o sus representantes y les
invitará a ponerse de acuerdo sobre la designación de los árbitros.
2. Si no hay convenio sobre la designación de los árbitros o modo de designarlos y las
partes no se ponen de acuerdo, procederá el Juez a la designación de los árbitros
mediante sorteo de entre los nombres incluidos en la lista de abogados en ejercicio que
solicitará del Colegio Profesional de la circunscripción judicial correspondiente o del
Consejo General de la Abogacía. El Ministerio de Justicia podrá regular, como requisitos
para la inscripción en la lista, la práctica en los respectivos Colegios de Abogados de
pruebas que acrediten la preparación, experiencia y capacidad de los solicitantes.
3. La lista estará formada por abogados con más de cinco años de ejercicio profesional
que voluntariamente se hayan ofrecido. que no estén en el caso del artículo 14 y sin
nota desfavorable en,su expediente personal.
4. El sorteo se hará, en proporción de tres -titular y dos suplentes-, por cada plaza de
árbitro. en caso de renuncia, abstención, recusación aceptada o incapacitación
sobrevenida, sustituirá al titular el primer y a éste el segundo.
5. Si mediante las regias indicadas no fuere posible proceder al nombramiento de los
árbitros, el Juez designará libremente a abogados ejercicio, si se tratare de arbitraje,
de derecho; cuando los árbitros deban decidir en equidad, el Juez solicitará de los
Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y, otras
Corporaciones, o a su órgano representante de carácter general. la remisión de las
listas de profesionales colegiados para la libre designación de los que estime
convenientes, oyendo la propuesta de las partes, o bien de entre los que éstos propongan
de común acuerdo.
Artículo 42
1. El Juez únicamente podrá rechazar la formalización judicial del ¡traje cuando
considere por los documentos aportados que no consta manera inequívoca la voluntad de las
partes.
2. El auto accediendo a la formalización judicial del arbitraje. que o prejuzgará la
validez del convenio arbitral, no es susceptible de curso alguno.
3. El auto denegatorio de la formalización será apelable. Contra la resolución de la
Audiencia Provincial no cabrá recurso alguno y, los que hayan sido objeto de debate no
podrán modificar en su día la acción de nulidad a que se
Artículo 43
En los casos de auxilio jurisdiccional para la práctica de pruebas previstas en el
artículo 27, el árbitro o el Presidente del colegio arbitral se dirigirá por escrito al
Juez de Primera Instancia del lugar donde deba efectuarse la citación judicial u
ordenarse la diligencia probatoria. El Juez procederá conforme a las reglas de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y practicará bajo su exclusiva dirección, sí se le pide el
árbitro, la prueba solicitada entregando testimonio de las actuaciones al solicitante.
Artículo 44
Los Jueces de Primera Instancia rechazarán fundamentalmente la Práctica de pruebas
contrarias a las leyes, sin que contra sus resoluciones quepa recurso alguno.
De la anulación del laudo
Artículo 45
El laudo sólo Podrá anularse en los siguientes casos:
1. Cuando el convenio arbitral fuese nulo.
2. Cuando en el nombramiento de los árbitros y en el desarrollo de la actuación arbitral
no se hayan observado las formalidades y principios ewnciales establecidas en la Ley.
3. Cuando el laudo se hubiere dictado fuera de plazo.
4. Cuando los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión o que,
aunque lo hubiesen sido, no pueden ser objeto de arbitraje. En estos casos la anulación
afectará sólo a los puntos no sometidos a decisión o no susceptibles de arbitraje,
siempre que los mismos tengan sustantividad propia y no aparezcan indisolublemente unidos
a la cuestión principal.
5. Cuando el laudo fuese contrario al orden público.
Artículo 46
1. El conocimiento del recurso de anulación corresponderá a la Audiencia Provincia¡ del
lugar donde se hubiere dictado el laudo.
2. El recurso se interpondrá por medió de un escrito motivado que habrá de ser
presentado dentro de los diez días siguientes al de la notificación, del laudo o de la
aclaración a que se refiere el artículo 36, si alguna de las partes la hubiere
solicitado.
3. En dicho esenio se expondrán los fundamentos que sirvan para apoy,ar el motivo o
motivos de anulación invocados, proponiéndose la prueba que sea necesaria y pertinente.
Artículo 47
1. Al escrito de recurso se acompañarán los documentos justificativos del convenio y del
laudo arbitrales.
2. La Sala dispondrá los apremios necesarios para compeler a los árbitros a la entrega
de las actuaciones arbitrases, si fueren necesarias y el recurrente no hubiere podido
obtenerlas.
Artículo 48
1. Las demás partes podrán impugnar por escrito el recurso dentro de veinte días desde
el traslado de la copia del mismo, proponiendo, si fueren necesarias, las pruebas que
reúnan los requisitos anteriormente expresados.
2. Las pruebas habrán de practicarse en el plazo máximo de veinte días.
Artículo 49
1. Dentro de seis días desde la terminación del plazo concedido para la práctica de las
pruebas, las partes podrán solicitar vista pública. La Sala accederá a ella dentro de
los dos días siguientes, si al menos una parte la pidiere.
2. Dentro de los diez días siguientes al transcurso del plazo señalado en el párrafo
anterior sin petición de vista o, en otro caso, de los posteriores a la celebración de
ésta, la Audiencia Provincial dictará sentencia contra la que no cabrá ulterior
recurso.
Artículo 50
1. Recurrido el laudo, la parle a quien interese podrá solicitar del Juez de Primera
instancia que fuere competente para la ejecución las medidas cautelares conducentes a
asegurar la plena efectividad de aquél una vez que alcanzara firmeza.
2. El Juez podrá señalar los afianzamientos que considere oportunos en el auto que dicte
autorizando la adopción de las medidas, que no sera susceptible de recurso.
3. La petición se formulará por esento. acompañando copia del laudo y el Juez
resolverá en el plazo de tres días, previa comparecencia de las partes.
4. Las medidas cautelares se mantendrán hasta la resolución del recurso de anulación.
Artículo 51
Será preceptiva en la tramitación de este recurso la intervención de Abogado y
Procurador.
De la ejecución forzosa del laudo
Artículo 52
Serán ejecutables de acuerdo con lo dispuesto en este Título los laudos dictados
conforme a lo establecido en la presente Ley, dentro de la extensión y limites de la
jurisdicción española.
Artículo 53
El laudo es eficaz desde la notificación a las partes. Transcurrido el plazo señalado en
el artículo 46.2 sin que el laudo haya sido cumplido, podrá obtenerse su ejecución
forzosa, ante el Juez de Primera Instancia del lugar en donde se haya dictado, por los
trámites establecidos para la ejecución de sentencias firmes con las especialidades de
los artículos siguientes.
Artículo 54
1. Al escrito solicitando la ejecución se acompañarán necesariamente copia autorizada
del laudo y los documentos acreditativos de la notificación a las partes y del convenio
arbitral.
2. Se acompañará igualmente, en su caso, testimonio de la resolución judicial a que se
refiere el artículo 49.2 de esta Ley.
Artículo 55
1. El Juez dará traslado de la petición de ejecución y de los documentos presentados a
la otra parte, quien, en el plazo de cuatro días, podrá alegar la pendencia del recurso
de anulación regulado en el Título Vll, siempre que se acredite documentalmente con el
escrito de oposición, en cuy,o caso el Juez dictará sin dilación auto suspendiendo la
ejecución hasta que recaiga resolución de la Audiencia, o la anulación judicial del
laudo, acreditada mediante testimonio de la sentencia a que se refiere el artículo 49.2
de esta Ley, en cuyo caso, el Juez dictará auto denegando la ejecución.
2. Fuera de los casos previstos en el párrafo anterior, el Juez dictará auto despachando
la ejecución.
3. Los autos a que se refieren los párrafos anteriores no son susceptibles de recurso
alguno.
De la ejecución en España de los laudos arbitrales extranjeros
Artículo 56
1. Los laudos arbitrales extranjeros serán ejecutados en España de conformidad con los
Tratados internacionales que formen parte del ordenamiento interno y, en su defecto, de
acuerdo con las normas de la presente Ley.
2.Se entiende por laudo arbitral extranjero el que no haya sido pronunciado en España.
Artículo 57
La ejecución de los laudos arbitrales extranjeros se solicitará ante la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo, por cualquiera de las panes.
Artículo 58
1. La ejecución del laudo se llevará a efecto según las reglas establecidas en el
ordenamiento procesal civil para la ejecución de sentencias dictadas por Tribunales
extranjeros.
2. Denegada por defectos formales la ejecución del. laudo arbitral extranjero, la parte a
quien interese aquella podrá, una vez subsanados dichos defectos, volver a solicitarla.
Artículo 59
La Sala declarará no haber lugar a la ejecución sólo si el laudo es contrario al orden
público o si los árbitros han resuelto sobre cuestiones que, conforme a la Ley
española, no son susceptibles de arbitraje. A instancia de parte o del Ministerio Fiscal
la Sala podrá hacer la misma declaración:
a) Si el convenio arbitral es nulo conforme a la Ley que resulte aplicable.
b) En los casos del número 2 del artículo 45, conforme a la Ley que resulte aplicable.
c) Cuando los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión.
De las normas de derecho Internacional privado
Artículo 60
La capacidad de las partes para otorgar el convenio arbitral será la exigida por su
respectiva ley personal para disponer en la materia controvertida.
Artículo 61
La validez del convenio arbitral y sus efectos se rigen por la Ley expresamente designada
por las partes, siempre que tenga alguna conexión con el negocio jurídico principal o
con la controversia; en su defecto, por la ley aplicable a la relación de la que derive
la controversia; en defecto de ésta, por la ley del lugar en el que deba dictarse el
laudo y, si éste no estuviese determinado, por la ley del lugar de celebración del
convenio arbitral.
Artículo 62
En el arbitraje de Derecho, los árbitros resolverán conforme a la !ey designada
expresamente por las partes, siempre que tenga alguna conexión con el negocio jurídico
principal o con la controversia; en su defecto, conforme a la ley aplicable a la relación
de la que derive la controversia y, en último término, de acuerdo con la más apropiada
a las circunstancias de la misma.
Artículo 63
En lo demás se estará a lo dispuesto en el Título Preliminar del Código Civil respecto
del convenio, procedimiento y laudo.
Primera
1. La presente Ley será de aplicación a los arbitrajes a que se refieren la Ley 26/1984,
de 19 de julio, general para la defensa de consumidores y usuarios, el artículo 34.2 de
la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de ordenación del seguro privado, la Ley 16/1987, de 30
de julio, de ordenación de los transpones terrestres, y el artículo 143 de la Ley
22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, en todo lo no previsto en las
mismas y en las disposiciones que las desarrollan. No obstante, no será precisa la
protocolización notarial del laudo, que se dictará por los órganos arbitrales previstos
en dichas normas.
2. Los arbitrajes a que se refiere el párrafo anterior son gratuitos.
Segunda
1. El Gobiemo establecerá reglamentariamente la denominación, composición, carácter,
forma de designación y, ámbito territorial de los órganos arbitrales y, demás
especialidades del procedimiento y del régimen jurídico del sistema arbitral que prevé,
en sus características básicas, el artículo 31 de la Ley 26/1984.
2. Se adiciona un párrafo final en el artículo 10.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio,
general para la defensa de los consumidores y usuarios, con la siguiente redacción:
«Los convenios arbitrales establecidos en la contratación a que se refiere este artículo serán eficaces si, además de reunir los requisitos que para su validez exigen las leyes, resultan claros y explícitos. La negativa del consumidor o usuario a someterse a un convenio arbitral distinto del previsto en el artículo 31 de esta Ley no podrá impedir por sí mismas la celebración del contrato principal.»
Tercera
1. Se añade un nuevo número al artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la
siguiente redacción:
«8.º La sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje.»
2. La excepción 10 del artículo 1.464 de la Ley de Enjuidiamiento Civil tendrá la
siguiente redacción:
«10. La sumisión de la cuestión litigioso a arbitraje.»
DISPOSICION TRANSITORIA
Salvo en los casos en que el procedimiento arbitral se hubiese iniciado ya, los arbitrajes
cuyo convenio arbitral se hubiera celebrado antes de la entrada en vigor de esta Ley se
regirán por las disposiciones contenidas en la misma.
DISPOSICION DEROGATORIA
1. Queda derogada la Ley de 22 de diciembre de 1953, por la que se regulan los arbitrajes
de derecho privado.
2. Quedan derogados el número 4 del artículo 1.687 y la sección IX del Título XXI del
Libro Segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. El capítulo II del Título Xlll del Libro Cuarto del Código Civil queda sin
contenido.
4. Quedan derogadas, además, cuantas disposiciones se opongan a esta Ley.