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Las Elecciones a la Real Federación Española de Fútbol
 
Por MIQUEL TERRASA
ANTONIO J. ROCA El pasado 8 de diciembre de 2007 se publicó en el BOE la Orden Ministerial ECI 3567/2007, de 4 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las Federaciones deportivas españolas. Dicha orden obliga en su artículo 2.3 a todas las federaciones deportivas españolas que no se hayan clasificado para los Juegos Olímpicos de Pekín – entre las que se encuentra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) – a convocar elecciones a Presidente, miembros de la Asamblea General y miembros de la Comisión Delegada durante el primer trimestre de este año, esto es, a más tardar el 31 de marzo. El actual Presidente de la RFEF, Ángel Mª Villar, se ha negado desde el principio a cumplir con las disposiciones de la Orden, alegando que la misma cercena de forma injustificada su mandato de 4 años (la última vez fue elegido en noviembre de 2004) y que supone una injerencia del Ejecutivo Central en el autogobierno de la Federación como asociación privada, lo que también es contrario al reciente Código Electoral aprobado por FIFA mediante su circular nº 1129 - de obligado cumplimiento para todas las Asociaciones miembros -, que prohíbe taxativamente cualquier tipo de “injerencia externa” en los procesos electorales de las mismas. La situación ha derivado en un duro pulso entre la RFEF y el Consejo Superior de Deportes (CSD) desde el pasado mes de enero. Así, la RFEF, por un lado, afirma que debe someterse a las normas emanadas de FIFA y no obedece a injerencias gubernamentales, mientras que el CSD, por su parte, exige que se cumpla con el Ordenamiento Jurídico Español, y más concretamente con las disposiciones de la Orden ministerial. La RFEF, como era de esperar, ha incumplido todos y cada uno de los trámites previos exigidos por la Orden, relativos a la obligación de remitir el censo y el Reglamento Electoral, y no ha convocado elecciones en el plazo marcado por la norma. Por el contrario, el último día previsto por la norma - 31 de marzo - ha enviado al Consejo Superior de Deportes (CSD) un comunicado, previamente pactado entre las partes, con el que se pretende que el CSD lo interprete como una petición implícita de aplazamiento de las elecciones, y lo conceda en virtud de la facultad que le reconoce la Disposición final primera de la Orden, y así ganar tiempo para evitar males mayores. En todo este galimatías legal ha jugado un papel decisivo el Presidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien ha amenazado con excluir a la RFEF de su participación en la próxima Eurocopa y a los equipos españoles de participar en la Champions y en la UEFA si se producen “injerencias políticas” en el proceso electoral de la RFEF o si se acuerda inhabilitar a Villar. Dicha amenaza, si bien carente de cualquier tipo de fundamento legal (recordemos que ambas competiciones son competencia exclusiva de UEFA, por lo que la amenaza de FIFA constituye una extralimitación clara de sus competencias), asusta y mucho a todos los estamentos del fútbol y al propio CSD que, ante las consecuencias políticas que de ello se pudieran derivar, no ha dudado en intentar llegar a un pacto (de dudosa legalidad) con la RFEF para intentar salir del atolladero, eludiendo así su obligación de hacer cumplir la ley. Los próximos días se antojan decisivos, en aras a evitar una judicialización innecesaria del fútbol español, toda vez que la oposición, denominada Plataforma “Federación de Todos”, que aglutina a diversas Federaciones Autonómicas, a la Liga Nacional de Fútbol Profesional y a la Asociación Nacional de Entrenadores, encabezada por el ex-presidente del RCD Mallorca, Mateu Alemany, tiene el firme propósito de adoptar todas las medidas que en derecho sean necesarias para la defensa de sus legítimos derechos e intereses y para que se cumpla con el ordenamiento jurídico español y se convoquen las elecciones a la RFEF de forma inmediata en los términos marcados por la Orden Ministerial. Cualquier decisión en contra por parte del CSD –en el sentido de conceder un aplazamiento totalmente injustificado a la RFEF- supondría un clara agravio comparativo respecto de las restantes federaciones españolas (más de 60) que han cumplido escrupulosamente con las disposiciones de la Orden Ministerial. Ahora sólo queda por ver quien ganará finalmente el pulso, si el Estado de Derecho o Villar. La solución, en breve.
MIQUEL TERRASA. Socio coordinador del Equipo del Deporte de Cuatrecasas ANTONIO J. ROCA. Asociado del Equipo del Deporte de Cuatrecasas
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