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06 de marzo de 2013
El presidente del Valencia es imputado por presunto delito societario

El juzgado de instrucción número 3 de Valencia ha citado a declarar, en calidad de imputado, al presidente del Valencia CF,  Manuel Llorente, por los presuntos delitos de estafa, falsedad, malversación de caudales públicos, delito societario y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La imputación tiene su origen en una querella interpuesta por Andrés Sanchís, en representación de un grupo de accionistas, con relación a la ampliación de capital que realizó el club de 92 millones de euros en 2009, según apuntan varios medios.

La declaración será el 22 de abril y afecta también al expresidente de la Fundación Valencia CF, Társilo Piles, al exvicepresidente del club, Javier Gómez y al expresidente de Bancaja, José Luis Olivas.

Hace algún tiempo Sanchís ya había planteado esta cuestión en el ámbito civil como miembro de Nou Valencia, pero perdió en primera instancia la demanda que posteriormente retiraría antes de que se dictara veredicto en Apelación. Tras aquel fallido intento, Sanchís pactó con el club retirarse de todos los pleitos iniciados. Sin embargo, ahora vuelve a la carga, por la vía penal, argumentando que el compromiso no afectaba a acciones futuras.

Según informa el diario LAS PROVINCIAS, la querella defiende la tesis de que el desenlace de la ampliación de capital, con la entrada en escena de Bancaja y la Fundación, ya estaba previsto el día de su aprobación. Sostiene que Llorente y Javier Gómez, «en clara y manifiesta connivencia» con la entidad financiera (Olivas) y apoyándose en la Fundación (Piles), «urdieron un plan social-mediático-financiero para 'apropiarse' de la mayoría accionarial».

Los querellantes plantean si todo fue un simulacro: la gran cuantía de la ampliación de capital (92,4 millones) y la exigencia de su completo desembolso; el que, concluida la primera fase, no se cumpliera el objetivo de ofrecer a accionistas, abonados o público en general los títulos sobrantes... Al contrario, según el documento, «Bancaja ya tenía concertado un acuerdo (...) con Juan Soler para que no ejercitara su derecho de compra preferente» y otro para dar el préstamo a la Fundación.

El grupo que encabeza Sanchís se ampara en que la entidad financiera no exigió «la garantía personal o aval» de los patronos y entiende por todo ello que el objetivo era generar un escenario que permitiera a los querellados «imponer sus criterios en claro beneficio propio». Aparecen en el documento el finiquito de Javier Gómez «por desligarse voluntariamente del Valencia», el sueldo de Llorente («tres veces más que el percibe el presidente de EE.UU.»), o la venta de Villa. Asimismo, recuerda que  un ejecutivo, Víctor Oñate, creó VOS Marketing, «que gestiona gran parte de las operaciones comerciales del Valencia». La querella pide, aludiendo a la operación con Newcoval o la evidencia de que la Fundación no genera ingresos para afrontar el crédito, que se investigue si hubo «una confabulación ilegal para dominar una sociedad que genera un importante flujo económico y de influencias públicas».



Modificado el ( 08 de marzo de 2013 )
 
 

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