En junio de 1992 los clubes españoles de categorías profesionales se
transformaron en sociedades anónimas deportivas, una figura nueva creada por la
Ley del Deporte de 1990. Hubo sólo cuatro excepciones, cuatro clubes que no
habían tenido pérdidas en las cinco temporadas precedentes: Real Madrid,
Barcelona, Osasuna y Athletic de Bilbao. Éstos mantuvieron –y mantienen- su
condición de asociaciones deportivas. El nuevo modelo surgió para sacar a los
clubes de la situación de quiebra en la que estaban sumidos. Se puso el
contador a cero y, además, a los equipos se les incrementó el porcentaje de
recaudación de las quinielas al 10% para que pudieran pagar holgadamente al
fisco y no volvieran a endeudarse.
Quince años después, los clubes transformados en SAD no
sólo son mucho más insanos económicamente, sino que han vuelto a acumular una
deuda millonaria. En total, los 20 equipos de Primera División sumaban en la
temporada 2007 una deuda a largo plazo de 2.800 millones de euros, según los
cálculos de José María Gay de Liébana, experto en economía financiera de la
Universidad de Barcelona. En este contexto, los dirigentes encontraron un filón
en la Ley Concursal de 2003. Nueve clubes han acudido al concurso de acreedores
(antigua suspensión de pagos): Unión Deportiva Las Palmas -la primera-, Real
Club Celta de Vigo, Real Sociedad, Sporting de Gijón, Club Deportivo Orense,
Terrasa Fútbol Club, Málaga Fútbol Club, Sociedad Deportiva Compostelana y
Deportivo Alavés. Para acogerse al Concurso, han tenido que echar mano de
artificios contables con los que engordar sus activos y evitar la quiebra
técnica.
Por otro lado, las normas federativas sancionan con descenso a los clubes
que no estén al corriente en el pago a sus jugadores, cuestión que también
encontró su contrapunto en la aplicación de la Ley Concursal. Diversos
incidentes acaecidos durante los procesos concursales han puesto patas arriba
nuestro sistema deportivo. Especialmente sonadas fueron las discrepancias entre
el entonces Juez Cobo Plana y la Federación Española de Fútbol, en los que la
norma mercantil se impuso sobre la federativa.
Y si bien es cierto que algún club, como el club amarillo, ha sacado su
particular concurso de acreedores adelante, el nuevo modelo de la Sociedad
Anónima Deportiva no ha evitado su endeudamiento ni ha servido para exigir responsabilidades
a los administradores, objetivos fijados en 1992. El experto José María Gay
habla de la «violencia económica» que existe en el fútbol y que no se da en
otros deportes, lo que hace que se vea como algo normal pagar cantidades
astronómicas por jugadores, o conseguir dinero a golpe de desprenderse de los
activos del club.
El Gobierno español tiene, pues, ante sí un reto importante. «Hay que
revisar si el modelo de sociedad anónima deportiva es el que tenemos que seguir
aplicando», reconoció Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte,
en su comparecencia en el Congreso el pasado mes de junio en el marco de una
comisión parlamentaria creada para estudiar este asunto (1). Todos están de acuerdo en que el
modelo actual de Sociedad Anónima Deportiva no ha cumplido sus objetivos, pero
difieren en la estrategia a seguir. Unos son partidarios de hacerle un lifting
a la Sociedad Anónima Deportiva y ampliar los controles de la Administración
Pública. Otros, en cambio, abogan por volver a las antiguas asociaciones deportivas.
En todo caso, las
directrices ya las ha puesto la Unión Europea. El Parlamento Europeo, en el
Libro Blanco aprobado en mayo pasado, instó a crear un sistema modulado de control de costes de los
clubes europeos, así como redistribuir los beneficios de la retransmisión
televisiva. El mecanismo de control financiero deberá ser diseñado entre la
UEFA, los clubes y la Comisión Europea.
1 Declaraciones de Lissavetzky en el Congreso, a propósito de la posible reforma (24 junio 2008):
"La reforma del deporte profesional yo creo que es importante, que es una manera de fortalecer el sistema deportivo español. La labor que hacen los clubes en formación de jugadores es muy notable, pero también tienen una serie de problemas. Desde el año 1990, es decir hace dieciocho años, con la Ley del Deporte se creó una serie de conceptos en la que solamente se consideraba, y en la actualidad sigue siendo así, deporte profesional fútbol y baloncesto, liga ACB, primera y segunda división de fútbol, y se creó un modelo que era el de sociedades anónimas deportivas. Yo creo que hay que hacer una gran reflexión, hay que trabajar de una manera lo más rigurosa posible para ver aspectos organizativos, disciplinarios, audiovisuales, fiscales y mercantiles; hay que revisar, en definitiva, también si el modelo de sociedad anónima deportiva es el que tenemos seguir aplicando o si es un modelo que puede que ser obligatorio, o quizás simplemente voluntario; hay que buscar fórmulas para fortalecer este sistema deportivo español a nivel profesional. Repito que a lo mejor en el diagnóstico podemos estar muy de acuerdo, pero en la búsqueda de soluciones es necesario, sin ninguna duda, el mayor consenso social y, por supuesto, político posible. En ese sentido yo creo que hay que ponerse a trabajar. Estamos ahora viendo algunos aspectos, como por ejemplo la utilización de la Ley concursal por determinados clubes, con la queja de algunos otros. No sé si el legislador cuando redactó la Ley concursal estaba pensando que se iba a aplicar al fútbol o no."
* Antonio Aguiar es Director de IUSPORT.ES