El Juzgado de Primera Instancia número 24 de Barelona dictó sentencia en el CASO DE LOS AVALES declarando que la Junta Directiva no estaba obligada a avalar el 15% del presupuesto del club de 2006, cuyo importe a avalar era de 53 millones de euros.

El mismo día que se conoció la sentencia, pocas horas antes, ocho directivos habían presentado su dimisión, al considerarse moralmente compelidos tras la moción de censura apoyada por el 60,6% de los votantes.

El juicio se celebró el pasado 11 de junio y ayer [11.07.08]. La sentencia afirma textualmente que "la actuación de la junta fue, cuando menos, de buena fe" y que la entidad competente para resolver la cuestión es la Liga de Fútbol Profesional, la cual dictaminó en su momento que la directiva azulgrana no tenía la obligación de avalar el presupuesto. La sentencia recuerda que la Ley del Deporte establece que la LFP “es trascendente a los efectos de este pleito, por cuanto la normativa le otorga funciones de control y exigencia de la fianza por parte de los directivos”. “Por lo tanto, si la Liga de Fútbol Profesional informó en reiteradas ocasiones, y tras sopesar los antecedentes remitidos sobre la situación económica del Barça debidamente auditados”, continúa la sentencia, “de que no era necesaria la prestación de aval por la junta directiva del señor Laporta, es llano que, por una interpretación emanada del órgano competente, tal junta, en principio, no estaba obligada a prestar el aval”, argumenta el juez en la sentencia.

Por otro lado, el juez declara que "sería ocioso o en un cierto sentido simbólico concluir que la junta debía de prestar un aval por unas pérdidas que finalmente no se han producido". En todo caso, ello no se han podido probar.

En otro orden, la sentencia matiza que las untas diretivas de los clubes deben avalar el resultado negativo de su gestión, pero nunca el de anteriores directivas. No obstante, el juez admite que "podría resultar extraño" que apenas un año después, "prácticamente cuadren las cuentas" y no sea necesario prestar el aval. El juez admite que "había pábulo para sospechar" que "se tensó la auditoría" para que cuadrasen las previsiones de Ferran Soriano, vicepresidente del área social del Barça, pero no se ha probado que fuera así.

Uno de los puntos de controversia y que motivaban en parte la demanda de Vicenç Pla era que otro juzgado, el número 30, determinó que los últimos días del ejercicio 2002-03 correspondían a un año de mandato y en ese periodo Laporta y su junta presentaron los número de ese ejercicio económico con 164 millones de pérdidas. La directiva ha recurrido esta sentencia y ahora se encuentra en el Tribunal Supremo. El titular del juzgado número 24 de Barcelona señala en la sentencia que “no resulta trascendente” este aspecto pues de cara al ejercicio económico, “las obligaciones hubieran sido prácticamente las mismas con independencia de ese transcurso temporal”.

El magistrado recuerda que en los ejercicios posteriores la directiva presidida por Laporta “consiguió finalmente en los sucesivos ejercicios arrojar resultados positivos” y considera que los informes periciales presentados por la parte demandante “no han demostrado que la junta tratare de evadir esa obligación de prestar el aval”. La sentencia resume que sería “ocioso” que la junta prestara un aval “por unas presuntas pérdidas que finalmente no se han producido o, al menos, en sede de este proceso no se han demostrado”.

La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia de Barcelona.