Reflexiones concursales
 Josep Mª Alcalà Espunyes
En el caso de la Unión Deportiva Salamanca (UDS) y otros que se avecinan, los administradores concursales dan un paso más adelante en sus pretensiones para finalizar un concurso con la salvaguarda de no se sabe bien que intereses ni a quién defienden, porque como en todos los casos de aplicación de Ley Concursal a SAD, la finalidad de salvaguardar los intereses de la Unidad Productiva se ven alterada como casi siempre en su totalidad.
La Unidad Productiva de un club de futbol de Segunda B, en formato de SAD, estaría formada por el primer equipo básicamente, ya que ni el filial ni el juvenil que tuvieran podrían merecer dicha distinción en ningún caso, al carecer de productividad y mucho menos positiva, hecho que se demuestra amplia y sobradamente con el mero hecho de haber llegado al concurso el primer equipo.
Llegados al punto de efectuar unas más que dudosas subastas en las formas y métodos empleados en cada uno de los casos vistos hasta la fecha de clubes de Segunda B, en pleno proceso de liquidación de la SAD, tras la no consecución de convenio alguno de acreedores que garantizase su viabilidad, se procede a aplicar la Ley Concursal al límite, en tiempo y forma, subastando la Unidad Productiva ( llámense Derechos Federativos ) de la entidad concursada con el fin de salvaguardar los puestos de trabajo que tenía ésta.
Pero cabe recordar que el grueso de la deuda de los acreedores siempre es la SS y Hacienda impagadas, correspondientes, en su mayor parte, a esos puestos de trabajo que se pretenden salvaguardar y que son acreedores privilegiados, sin tener en cuenta que ni generan ni generarán beneficio alguno, pervirtiendo el espíritu de la Ley Concursal, y desvirtuando la finalidad del Legislador, ya que al tratarse de Empresas con una nula solvencia y más que incierto futuro, no cabría aplicar estos beneficios, que en su mayoría acaban en manos de los mismos que llevaron a la concursada al precipicio del cual jamás salieron, y del cual el erario público, del que formamos parte todos, no se resarcirá jamás de las enormes deudas acumuladas.
Los mismos jueces se encargan de proteger a quienes permitieron esas deudas sin ningún tipo de justificación, más allá de la plena sumisión al poder político local y/o social de la ciudad de que se trate, infringiendo por parte de estos poderes, representados en las Delegaciones Territoriales respectivas, toda clase de perversión mediante prevaricaciones administrativas por lo menos, permitiendo aplazamientos e impagos fuera de toda clase e índole.
Deudas que se generan al amparo de la impunidad con que operan Consejos de Administración a los que no se les atribuye ningún tipo de responsabilidad ( que la tienen y enorme ), así como a los secretarios de esos consejos que certifican lo incertificable, incumplen toda legislación mercantil de presentación de cuentas anuales al Registro Mercantil, balances que no se sostienen ni con pinzas, e Instituciones que les conceden Subvenciones públicas, subvenciones que no se podrían otorgar sin los correspondientes certificados negativos emitidos desde las Delegaciones correspondientes de la SS y de Hacienda ( de las que formamos parte todos ), conforme a que se encuentran al corriente de pago en sus correspondientes obligaciones fiscales, tributarias y sociales.
Subvenciones que debieran ser investigadas y perseguidas en contra de todos aquellos Alcaldes, Presidentes de Diputación y Entes varios que las concedieron con su firma, con el beneplácito de los Interventores de las mismas, a expensas de los correspondientes pero increíbles informes de los Secretarios respectivos de esas instituciones, que en plena sumisión al poder y sin ninguna validez jurídica. permitieron que se destinaran fondos públicos en forma de ayudas directas a esas SAD, o en su contra, a esas Fundaciones vinculadas a las mismas, con una opacidad y oscurantismo propio de las más felices de las republicas bananeras que podamos imaginar, eso sí, en el país que presume de ser garante de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Amén.
Quizás haya llegado la hora que se encauce tanto desmán, paguen las sandeces todos estos aduladores de príncipes caídos, se califiquen las piezas culpables de los concursos fallidos de las SAD en liquidación, se responsabilice a los Administradores de las Sociedades por toda clase de delitos societarios y paguen sus culpas como cualquier otro empresario que haya malversado en su Gestión llevando una sociedad a la quiebra, sin la protección que goza hasta la fecha, suponiendo un claro agravio comparativo y una tremenda injusticia para aquellos que lo hacen bien, sin excesos y cumpliendo fielmente con sus obligaciones de toda índole, a expensas de menos glorias deportivas, convirtiéndose en privilegios impropios de una sociedad avanzada como la que se supone que compartimos.
Sus Señorías, hagan cumplir y cumplan la Ley, en su estado puro.
En beneficio de todos.
Josep Mª Alcalà Espunyes es Gestor Deportivo
Alcalá Sports Management
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