La Audiencia cuestiona el reparto del capital social de la UD Las Palmas 
Miguel A. Ramírez y Manuel García Navarro
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en sentencia de 21 de mayo de 2013 a la que ha tenido acceso IUSPORT, ha estimado el recurso interpuesto por Manuel García Navarro, anterior presidente, y ha anulado la junta de accionistas celebrada por el club canario el 12 de mayo de 2010, que inicialmente había sido avalada por el Juzgado de lo Mercantil, por defectos en la lista de asistentes.
La sentencia, de la que fue ponente la juez María Elena Corral, de la Sala, cuestiona el reparto accionarial del club aplicado en la referida junta. García Navarro alegó en la demanda inicial que esa junta era nula porque se celebró sin reunir el quórum necesario de accionistas. Sin embargo, en el recurso ante la Audiencia planteó una cuestión nueva que le ha sido estimada y que podría acarrear una posterior anulación por el Supremo por falta de congruencia entre petitum y sentencia: García Navarro esgrimía a posteriori una serie de reparos sobre cuál es el verdadero capital social del club y quiénes son sus legítimos accionistas.
La sentencia aprecia una serie de irregularidades que parten de la "operación acordeón" que acometió la UD en 2005 para reducir a cero su capital social, amortizar las viejas acciones y emitir 449.520 nuevos títulos por un valor total de 3,51 millones de euros.
El problema radica en que el acuerdo por el que se decidió acometer esa operación para restablecer el equilibrio patrimonial de la UD Las Palmas también disponía que tanto la reducción a cero del capital, como su posterior ampliación a 3,51 millones, "quedarían sin efecto" si esta última no se suscribía en su integridad, como ocurrió (solo se suscribieron títulos por 1,76 millones). La Audiencia entiende que, al haber ocurrido eso, la operación acordeón queda anulada y los titulares de las viejas acciones "siguen siendo accionistas de la UD Las Palmas" y mantienen todos sus derechos, porque sus participaciones no han sido amortizadas.
"Ello supone no solo que la cifra de capital social no puede considerarse que sea la reflejada en el listado de asistentes (a la junta de 2010 que reeligió al actual presidente, Miguel A. Ramírez), sino que incluso no puede siquiera considerarse que los asistentes, que al parecer lo son como adquirientes de las acciones emitidas en la ampliación de capital de la operación acordeón, sean realmente los accionistas de la sociedad", razona la magistrada ponente.
Siguiendo con el mismo argumento, cuestiona que quienes participaron en la junta con las acciones de la operación acordeón lo hicieran con títulos válidos "para asistir y votar".
"Se tiene por accionistas a quienes aún no pueden serlo por no haberse cumplido las condiciones exigidas para la conclusión de la operación acordeón y por seguir teniendo validez jurídica las acciones correspondientes a ese capital social del que ha de repartirse", el previo a la ampliación de 2005, añade.
Alternativas
El club canario se encuentra ante un doble escenario. Por un lado, tiene la opción de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Por otro, hace escasos días, como se indicó antes, se celebró la vista de otro proceso en el Juzgado de lo Mercantil, cuyo fallo podría terciar en el conflicto originado tras la sentencia de la Audiencia Provincial. Y es que la sentencia del juez de lo mercantil va a abordar precisamente el reparto accionarial, con lo cual será otro el recurso que la UD LAS PALMAS interpondría, dada la disparidad de criterio judicial.
En todo caso, el club podría ejecutar la sentencia de la Audiencia, convocando nuevamente la junta de accionistas anulada y retomar los acuerdos adoptados en su día.
Mario
Ghosn, abogado de la entidad futbolística, habló del asunto en la
emisora oficial del club para manifestar que "la Audiencia Provincial,
por sorpresa, entra a discutir en su fallo el capital social de la
entidad, cuando no era objeto de debate en este asunto. Tampoco es
cierto lo que se indica en la sentencia al afirmar que no existen juntas
generales ordinarias y extraordinarias en la UD Las Palmas desde julio
de 2005 a mayo de 2010. Todos los años se han realizado las de precepto
de aprobación de cuentas", aclaró el abogado, que "se han resuelto de
manera anual y otras extraordinarias".Para
Ghosn "el asunto sobre el capital social quedó visto para sentencia en
el juicio de mayo de 2013 por el Juzgado de lo Mercantil. Es el de
1.790.000 euros que nosotros documentamos y no el de tres millones y
medio que afirma el señor García Navarro, que él pudo haber inscrito en
el Registro Mercantil y que jamás inscribió. Allí consta el de diez
millones de euros". Pronostica
Ghosn que "esto puede durar uno o dos años. Estamos tranquilos con este
proceso". Pronosticó el abogado ex consejero de la entidad que "esto se
resuelve con pagarle con cuatro millones de euros a Manuel García
Navarro, que es lo que ahora se reclama en el juzgado (...) No hay forma
de resolver este asunto. Él no ha condonado nada". El otro litigio por el control del capital
El accionista y expresidente Manuel García Navarro solicitó el pasado 14 de mayo la anulación de la ampliación de capital aprobada por la entidad deportiva en la junta general ordinaria celebrada en mayo de 2006 y que quedó fijada en 1.769.000 euros.
En este otro litigio, García Navarro exigió que se restituya el escenario financiero del año 2000, anterior al concurso de acreedores, cuando, siendo este empresario máximo responsable del club, el valor de las propiedades del club pasó de 10 millones de euros a 3,5.
Además, solicitó que se le reintegre un 33 por ciento del capital social de la entidad. Ahora, este caso se presenta como clave.
Según señaló ayer al diario La Provincia Juan José Ríos, abogado de Manuel García Navarro, la sentencia ganada por su representado puede servir como precedente a su favor de cara al próximo fallo de lo Mercantil, al señalar éste que “todos los acuerdos adoptados debían ser declarados nulos de pleno derecho”.
Mientras tanto, los servicios jurídicos del club esperan todo lo contrario y que este tribunal, como ya sucediera en el pasado, resuelva a favor de la administración de Miguel Ángel Ramírez y con ello presentar una revisión de la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En su defensa señala que el propio García Navarro participó en la Junta de 2006 y firmó como interventor de la misma. De esta manera entienden que dio su consentimiento para que el capital social pasara a ser de 1.761.000 euros.
EL TEXTO
ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA ESTÁ DISPONIBLE EN LAS BASES DE
DATOS IUSPORT
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