Ninguno de los condenados irá a la cárcel tras la sentencia de la Operación Puerto
Tal y como anticipó IUSPORT el pasado 27 de enero, ninguno de los procesados -y ahora los condenados- en el juicio de la Operación Puerto irá a la cárcel. La jueza Julia Patricia Santamaría notificó el pasado martes una extensa sentencia (361 páginas) a
los abogados y procuradores personados en la causa, en un acto celebrado
en los juzgados de lo Penal de Madrid.
La sentencia condena a un año de prisión y cuatro de inhabilitación al principal acusado Eufemiano Fuentes, y a cuatro meses a Ignacio Labarta por un delito contra la salud pública. Sin embargo, al no ser superior a dos años, los condenados no ingresarán en prisión.
Los demás acusados, Yolanda Fuentes, Vicente Belda y Manolo Saiz, han sido absueltos.
Las acusaciones solicitaban penas de entre un año y dos años y medio.
Como saben
nuestros lectores, la cuestión se circuscribía a si se consideraba
culpables o inocentes a los cinco acusados –Eufemiano y Yolanda Fuentes,
Vicente Belda, Ignacio Labarta y Manolo Saiz— por un delito contra la
salud pública, no contra uno especifico en materia de dopaje deportivo.
En este sentido, la sentencia declara probado que la actuación de Eufemiano fUentes "suponía, por sí solo y sin necesidad de ir unido al consumo de otra sustancia, un importante peligro para la salud del ciclista al suponer la elevación del hematocrito una mayor viscosidad de la sangre y con ello un superior esfuerzo para el corazón, peligro que se concretaba en riesgos para el sistema cardiovascular (trombosis, infartos), dermatológicos (diaforesis o sudoración profusa), hematológicos (deficiencia de hierro funcional), gastrointestinales (nauseas, vómitos), musculoesqueléticos (dolor óseo), daños renales, otros como hiperkalemia (aumento del potasio en sangre) e hiperfostatemia (aumento de los fosfatos) e incluso daños neurológicos a nivel cerebral (como mayor probabilidad de accidentes cerebrovasculares, convulsiones, ataque isquémico transitorio y otros como cefalea, debilidad o mareo)" y añade que "estas extracciones y auto-transfusiones sanguíneas se realizaban sin cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa sanitaria en materia de transfusiones y autotransfusiones, vigente en aquél momento, no realizándose las extracciones ni las re-infusiones en centros autorizados por la autoridad, realizándose, en ocasiones, en habitaciones de Hotel, sin cumplir las garantías higiénico-sanitarias previstas en la normativa sanitaria en cuanto al transporte y conservación de la cadena de frio de las muestras"
En otro orden, la sentencia desestima la petición de las autoridades deportivas y antidopaje internacionales de tener acceso a una muestra de las más de 200 bolsas de sangre incautadas para identificar a los deportistas que recurrieron a transfusiones prohibidas.
La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de la capital.
Declaraciones de la directora de la Agencia Antidopaje
Ana Muñoz Merino, directora de la Agencia Estatal Antidopaje, convocó a los medios a las cinco de la tarde del mismo martes para anunciar que recurrirá por la vía administrativa y la penal contra la no entrega de las bolsas. Ana Muñoz aseguró que la Operación Puerto no ha terminado con la sentencia dada a conocer este martes y ha anunciado la intención de la AEA de presentar un recurso para pedir las muestras de sangre intervenidas al doctor Eufemiano Fuentes que la juez ha ordenado destruir. Según ha manifestado Muñoz Merino, la sentencia «no es plenamente satisfactoria», pero se ha negado a «lanzar un mensaje exclusivamente negativo» porque ve elementos esperanzadores en el texto.
A pesar de la decisión de la juez de la Operación Puerto de ordenar la destrucción de las más de 200 bolsas de sangre, plasma y concentrados de hematíes aprehendidas al doctor Eufemiano Fuentes durante la Operación Puerto, lo que cerraría la puerta a la posible identificación de nuevos clientes de la trama de dopaje, Ana Muñoz dijo que «pondremos en manos de los servicios jurídicos de la AEA y del Consejo Superior de Deportes esas evidencias probatorias para que puedan ser entregadas y sirvan para identificar a esos deportistas que acudían al médico que cometía un delito contra la salud», ha declarado Muñoz Merino.
Iusport lo anticipó en enero
El pasado 27 de enero IUSPORT ya anticipaba que ningún procesado de la Operación Puerto iría a la cárcel. Javier Rodríguez Ten, miembro del Consejo Asesor de IUSPORT, comentaba que “en este juicio se intentará probar que una serie de personas se dedicaban a preparar sustancias y métodos prohibidos”, resume. “En caso de que se demostrara un peligro contra la salud de las personas (en este caso, deportistas), llegaría una condena que tampoco sería especialmente grave, vistas las penas aplicables y que al parecer la acusación solicita "dos años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante ese mismo tiempo, además de una multa de 30 euros al día durante 18 meses; en ese rango lo normal es que no entren en prisión, incluso que no busquen la conformidad”.
No entrega de las muestras
Dice la sentencia en uno de sus fundamentos jurídicos: "A los efectos de acordar la nulidad del proceso de petición de muestras por el CONI, el Auto del Juez instructor tomaba especialmente en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional y el contenido de los Convenios Europeos de Asistencia Judicial en Materia Penal, a tenor de los cuales en la observancia de los trámites y procedimientos de cooperación internacional entre estados miembros del Estado requirente operarán como límites a la cooperación o asistencia judicial internacional que dichos trámites no sean contrarios a los principios fundamentales del Derecho del Estado requerido, viniendo a decir que en el supuesto concreto las evidencias incriminatorias halladas en un procedimiento penal en relación a la investigación de un delito concreto, en este caso, un delito contra la salud pública, no podían ser utilizadas en otro procedimiento y para otro fin distinto, ya que el Juzgado encargado de la legalidad del procedimiento de cooperación judicial internacional ha de regir su actuación por los derechos fundamentales"
"Sentado lo anterior, lo cierto es que los organismos que han solicitado la entrega de muestras en las presentes actuaciones han dejado claro que la solicitud tendría por efecto únicamente la incoación de expedientes de carácter administrativo frente a deportistas y que no se referiría a ninguno de los acusados en la presente causa, lo que haría ociosa cualquier mención al principio del “non bis in ídem” que evidentemente no concurriría, por afectar el procedimiento penal y los futuros procedimientos sancionadores a sujetos distintos. Y las razones que aducen para obtener tal entrega se basan en principios genéricos de colaboración entre las Autoridades Judiciales y Administrativas, invocando, bien preceptos constitucionales, como puedan ser los arts. 103 y 117 de nuestra Constitución, aludiendo a la no invasión por parte de la jurisdicción penal de competencias propias de la Administración, bien normas genéricas de colaboración entre Estados y de estos con los organismos encargados de la lucha contra el dopaje en el deporte, invocando en concreto el Convenio de la UNESCO firmado en París el día 19 de octubre de 2.005 y ratificado por España el 16 de febrero de 2.007 (B.O.E. nº 41)".
"La cuestión de la posible utilización de las pruebas penales en la instrucción de un procedimiento disciplinario es objeto de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, Sección 7ª) de 30 de abril de 2.012 (Nº 2752/2012, recurso 197/2010, Ponente: Excmo. Sr. Vicente Conde Martín de Hijas). En el procedimiento de que trae causa dicha Sentencia se suscitó la cuestión de si era legalmente admisible que el instructor de un procedimiento disciplinario (en ese caso un procedimiento disciplinario seguido contra un Magistrado) pudiera reclamar al instructor de un proceso penal y éste facilitar a aquél, el contenido de conversaciones telefónicas legalmente intervenidas en el curso de la instrucción de un procedimiento penal, así como si esa reclamación y la consiguiente facilitación de tales pruebas por uno y otro instructores (el del expediente disciplinario y el del proceso penal, respectivamente) vulneraría o no el derecho fundamental del art. 18.3 CE (en ese caso se trataba de la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones)".
"En la Sentencia en cuestión se explicaba como en el curso de una instrucción penal en la que se había acordado la intervención de las comunicaciones de un teléfono por Auto del Juez que instruía el caso se había tenido conocimiento de unas conversaciones que ”sin tener relación con los hechos que dieron lugar a la incoación de las diligencias, revelaban que el investigado por los hechos objeto de esas diligencias “podría estar realizando una serie de conductas constitutivas de otra infracción criminal distinta de la investigada en las diligencias, respecto de la cual no existía la conexión regulada en los arts. 17 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” En esta situación el juez instructor de las Diligencias Penales decidió incoar un “ramo separado de investigación” de los nuevos hechos, encabezado con testimonio de dicho auto, del escrito policial por el que se daba cuenta de los nuevos hechos a investigar, junto a las conversaciones transcritas y las cintas de seguridad aportadas. En ese nuevo “ramo separado de investigación” se acordó la ampliación de las escuchas telefónicas para la investigación del supuesto nuevo delito, la autorización para la intervención del teléfono de otro investigado, acordándose sucesivas prórrogas de las intervenciones".
"Finalmente, el juez instructor de las primitivas diligencias penales elevó exposición razonada a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, por entender que carecía de competencia para la instrucción de las correspondientes diligencias penales por ser el investigado un Magistrado, acordándose por el TSJ la incoación de diligencias previas en relación al Magistrado investigado, con comunicación al Excmo. Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial y al Servicio de Inspección, lo que llevó a la apertura por el servicio de Inspección de diligencias Informativas y posterior incoación de expediente disciplinario al investigado, que finalizó con Acuerdo sancionador. En dicha Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo se llegaba a la conclusión de que en relación con expedientes disciplinarios ni existe previsión legal de posible intervención por Auto judicial de las comunicaciones telefónicas, ni la finalidad a que se orientan dichos expedientes podía tener cabida en ninguna de las previsiones referidas en el art. 8 del Convenio. La Sentencia del T.S. constataba que la única previsión legal en nuestro ordenamiento jurídico de intervención de las comunicaciones telefónicas en el ámbito del ius puniendi del Estado era la del art. 579.2 de la LECr., precepto que se refería estrictamente a delitos. Por lo tanto, se llegaba a la conclusión de que la utilización de las pruebas precitadas por el instructor del expediente no podía sostenerse ya que se trataba de pruebas ilícitas e inconstitucionales".
FALLO:
"Que debo condenar y condeno a EUFEMIANO CLAUDIO FUENTES RODRIGUEZ como autor de un delito contra la salud pública del art. 361 del Código Penal ya referenciado, con la agravación del art. 372 del Código Penal sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como a la pena de diez meses multa, con una cuota diaria de quince euros y apremio personal para el caso de impago a razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa impagadas, así como a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina deportiva por tiempo de cuatro años, con condena al pago de una quinta parte de las costas procesales, incluidas las costas de la Acusación Particular.
Y debo condenar y condeno a JOSE IGNACIO LABARTA BARRERA a título de cómplice del referido delito contra la salud pública del art. 361 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de cuatro meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo, a la pena de cuatro meses multa, con una cuota diaria de quince euros y apremio personal para el caso de impago a razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa impagadas, así como a la pena de inhabilitación para ejercer el oficio de entrenador deportivo o cualquier actividad profesional relacionada con el ciclismo por un periodo de cuatro meses, con condena al pago de una quinta parte de las costas procesales del Juicio, incluidas las costas de la Acusación Particular.
Que debo absolver y absuelvo a YOLANDA FUENTES RODRIGUEZ, a MANUEL SAIZ BALBAS y a VICENTE BELDA VICEDO en relación al delito contra la salud pública del art. 361 del Código Penal de que venían siendo acusados, con declaración de oficio de tres quintas partes de las costas procesales".
EL TEXTO
ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA ESTÁ DISPONIBLE EN LAS BASES DE
DATOS IUSPORT
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