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El próximo jueves, 29 de enero de 2009, se celebrará la Jornada de presentación del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en España, en la Sala de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). Copresentará el acto el Presidente de Honor del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch. +

 

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10 de abril de 2013
Joan Laporta contrata al ex Fiscal General Eligio Hernández para su defensa

Aunque en el pasado, Joan Laporta contó con los servicios del bufete de abogados Miquel Roca Junyent, por los motivos que fueran, sin embargo, hace ya tiempo que prefiere a letrados foráneos

Según cuenta Francesc Perearnau en El Mundo Deportivo del día 7, "ahora, cuando toca defenderse desde fuera del club de la demanda de acción de responsabilidad, el ex presidente Joan Laporta, cuyas inclinaciones independentistas no son dudosas, tampoco ha confiado en un abogado ni en un despacho catalanes".

La contestación de la demanda la ha presentado Eligio Hernández, todo un personaje político y del gran mundo del derecho, que en su día fue nombrado Fiscal General del Estado por Felipe González; es también juez en excedencia.

Al abogado elegido por Laporta le precede la polémica tanto como su reconocimiento en el ámbito del derecho, pero desde luego ninguna relación ni con el Barça ni con el entorno jurídico del deporte, salvo su debilidad: la lucha canaria. En 1985 hizo su única incursión conocida en el derecho deportivo y, como no podía ser de otra manera, fue sonada. Asesorado por él, el Gobierno de Canarias revocó un acuerdo de la Junta Electoral Central de la Federación Lucha Canaria y proclamó como presidente a Plácido Mejías, en detrimento del candidato que había sido proclamado por el órgano federativo.

Este asunto llegó al Tribunal Supremo, que en 1988 confirmó la sentencia dictada por el juez de Primera Instancia de Las Palmas anulatoria de la orden de la entonces Consejería de Cultura y Deportes que anuló el acto federativo por haber sido dictado por órgano manifiestamente incompetente.

Cierto es que las leyes promulgadas en la década de los 90, tanto por el Estado como por las CCAA, contemplan en muchas de ellas un tribunal administrativo (Junta de Garantías Electorales) para garantizar la pureza de los procesos electorales federativos, pero en 1985 no existía cobertura legal para adoptar una decisión pública como la del Gobierno canario y en caso de que existiera se habría atribuido tal competencia a un órgano independiente, no a la Administración General directamente.

La anterior directiva de Laporta no se defenderá unida, sino que cada ex directivo o pequeños grupos de ex directivos han escogido una defensa separada o individual como es el caso del propio Laporta.


 
Modificado el ( 15 de abril de 2013 )
 
 

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