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05 de febrero de 2013
Las razones del Gobierno de Aragón para negarse a asumir el aval dado al Zaragoza

Por Javier Rodríguez Ten

En los últimos días, las lluvias y nevadas caídas han motivado que el Ebro baje caudaloso  y revuelto por la capital aragonesa. A la par, las relaciones entre el Real Zaragoza SAD y  el Gobierno de Aragón se han visto empañadas tras unas declaraciones del Consejero de  Presidencia y Portavoz, Roberto Bermúdez de Castro, en las que manifiesta su malestar por  el hecho de que la Administración autonómica esté siendo ejecutada y tenga que abonar el  importe de un crédito concedido en 2004, impagado, en calidad de avalista (consultar  declaraciones).

Paralelamente, el Real Zaragoza ha emitido un durísimo comunicado en el que se dice, entre  otras cosas, que “El aval al que el señor Bermúdez de Castro hace referencia corresponde a  un crédito suscrito en 2004, cuando presidía el Real Zaragoza el señor Alfonso Soláns  Soláns. Como es de dominio público, el Real Zaragoza se acogió en el año 2011 a la Ley  Concursal, por lo que este crédito, junto con el resto de la masa concursal, queda sujeto  al Convenio, ya aprobado por la jueza titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de  Zaragoza, Doña María Carmen Villellas. En esta misma situación se encuentran otros  créditos avalados, que figuran en el Concurso como créditos subordinados. Tal y como se  recoge en la legislación española, que el señor Bermúdez de Castro debería conocer, el  Convenio implica al conjunto de la deuda del Real Zaragoza, ya sea esta Ordinaria,  Privilegiada o Subordinada. Por ello, los créditos a los que el señor Consejero del  Gobierno de Aragón hace referencia, serán atendidos en virtud de lo estipulado por el  Convenio, al igual que ocurre con el resto de acreedores del Club. Llama la atención el  desconocimiento del que el señor Bermúdez de Castro hace gala con estas declaraciones”  (leer comunicado completo).

La cuestión es clara. Si un crédito impagado forma parte del Convenio concursal aprobado y  ratificado judicialmente, ¿debe el avalista pagarlo si le es reclamado, pudiendo incluso  ser ejecutado judicialmente por ello?

Según el Gobierno de Aragón, es lo que está sucediendo.

Para el Real Zaragoza, es inviable.

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Modificado el ( 06 de febrero de 2013 )
 
 

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