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22 de marzo de 2012 |
La Audiencia Provincial de Madrid anula todas las investigaciones de la Operación Galgo
La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado todas las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en la Operación Galgo contra el dopaje. A la juez instructora no le quedará otra que archivar el procedimiento en el que figuraban aún como imputados César Pérez, Manuel Pascua y su hermano José Luis, María José Martínez, Eufemiano Fuentes y su hermana Yolanda.
El auto de la sección primera de la Audiencia no solo desestima el recurso de la Fiscalía contra la anulación previa y parcial por parte de la misma jueza instructora que las autorizó de una serie de actuaciones de la Guardia Civil, sino que estima los recursos de los acusados, para terminar declarando la “nulidad íntegra” del auto que iincoaba las diligencias previas de la operación, y de todos los autos subsiguientes emitidos por la misma jueza, Mercedes Pérez Barrio, del 24 de Madrid: los de nuevos pinchazos telefónicos, los de seguimientos y escuchas, y también los de entrada y registro el 9 de diciembre de 2010 en todos los domicilios en que se desarrolló la Operación Galgo.
Todos las pruebas de los hechos de dopaje presuntamente cometidos por los acusados, y cuyo conocimiento es público —las bolsas de sangre halladas en casa de Pascua, las sustancias prohibidas, los documentos— quedan pues sin valor probatorio.
El auto acepta de entrada la decisión de la jueza de incoar las diligencias previas, pero, aunque reconoce el auto que la Guardia Civil actuó con autorización judicial, plasma también que en esta no concurren “los presupuestos necesarios para su legitimidad constitucional”. Y esto es así, según la Audiencia, porque “la solicitud policial no contenía ningún indicio objetivo o sospecha fundada de la comisión por los investigados de un delito de dopaje deportivo”. “El rumor, el chismorreo o la habladuría no pueden considerarse como indicios de delito”, dice el Auto de las motivaciones de la Guardia Civil para investigar a Marta Domínguez y compañía.
La Audiencia declara nulas el resto de actuaciones basándose en la doctrina de la “conexión de la antijuricidad”, algo así como el efecto dominó o las cerezas que se enlazan unas a otras en el cesto: si la Guardia Civil no tenía derecho a saber lo que sabía, todo lo que hizo basándose en ese conocimiento tampoco tenía derecho para hacerlo.
Bajo esta doctrina de fruto del árbol prohibido la Audiencia declara nulos 21 autos judiciales que permitían a la Guardia Civil la intervención de comunicaciones de decenas de personas, no solo de los investigados, la prórroga de las mismas y hasta la colocación de un micrófono en el A5 de Ignacio Labarta en el que viajó a Pamplona Eufemiano Fuentes.
Además, anula los tres autos de diciembre de 2010 que autorizaban la entrada y registro de los domicilios de Eufemiano Fuentes, Alberto León, Manuel Pascua y su esposa, María José Martínez, César Pérez, Marta Domínguez, Yolanda Fuentes, José Alonso Valero, Alberto García y Manuel Barceló.
Finalmente, además de anular las vigilancias que dieron lugar, por ejemplo, al hallazgo en el coche de César Pérez de los “pendientes de oro” (ampollas de AMTH-2), y la obtención de información patrimonial y bancaria de los investigados, la Audiencia también declara nulas las declaraciones de los imputados asistidos de abogado previas al levantamiento del secreto de sumario, el 16 de diciembre de 2010.
Pascua y Martínez podrán volver a entrenar a atletas becados por la federación.
Los hermanos Fuentes siguen a la espera de juicio por la Operación Puerto y César Pérez, exentrenador de Marta Domínguez, está imputado en la Operación Skype.
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Modificado el ( 24 de marzo de 2012 )
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