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17 de noviembre de 2011
La fiscalía solicita el fin de la administración judicial del Betis

La Fiscalía de Sevilla apoya la petición del antiguo máximo accionista del Betis Manuel Ruiz de Lopera de levantar la administración judicial con el objetivo de salvaguardar los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad e interdicción de la arbitrariedad.


El ministerio público señala en el escrito que la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla adoptó dicha medida hace más de un año y como toda medida cautelar reclama estándares muy exigentes en cuanto a motivación y duración.


De esta manera se adhiere a la tesis defendida por el letrado de Ruiz de Lopera, el cual sostiene que el concurso voluntario de acreedores en el que se encuentra incursa la entidad “otorga "amplias posibilidades de control a la administración concursal", por lo que "se hace materialmente inviable cualquier supuesto de ejercicio delictivo del poder ni de administración desleal".


Es por ello que la Fiscalía solicita que las razones motivadoras de la medida cautelar deben ser revisadas pasado cierto tiempo y comprobar que no exista otra alternativa menos gravosa.


En efecto, se trata de evitar que con la medida cautelar "no se lleve a cabo un cumplimiento anticipado de la pena o de la responsabilidad civil", más aún teniendo en cuenta que evitar la presunta "continuidad delictiva" está "suficientemente garantizada con las medidas adoptadas de embargo de las acciones, prohibición de realizar actos de disposición sobre las mismas y con el control inherente de la intervención judicial". Es por ello que concluye la Fiscalía que la administración judicial "no cumple los requisitos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad".


Por otra parte la defensa de Lopera alegó que, si las medidas cautelares se basaban en la necesidad de interrumpir la "continuidad delictiva" y proteger a las víctimas, diversos documentos aportados al juzgado demostraban que "a 16 de julio de 2010 no había ningún delito que interrumpir". Para ello aportó un informe de la Administración Concursal que, tras analizar los años 2007-2010, no detectó ninguna ilegalidad, el Acta de la Junta de junio pasado que aprobó las cuentas anuales 2009-2010, sin detectar ningún delito, y una sentencia de la Audiencia que desestimó la demanda del grupo opositor Por Nuestro Betis que pidió la nulidad de la Junta de 2007.


Por último, la Fiscalía apoya también la petición de Ruiz de Lopera de que se aporte dicha sentencia de la Audiencia, pese a que la juez de instrucción 6 rechazó que tuviese relación con la causa.


IUSPORT

Modificado el ( 17 de noviembre de 2011 )
 
 

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