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15 de abril de 2011
Luz verde en el Congreso español a la ley del juego

La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó el martes la nueva Ley reguladora del Juego, con lo que por primera vez se permitirá en España que los clubes de fútbol cobren dinero por las apuestas deportivas 'on-line'. Aunque su entrada en vigor, previsiblemente para verano, depende ahora del Senado, un Real Decreto con sello de urgencia determinará el porcentaje de retorno sobre lo recaudado por esas apuestas deportivas e hípicas.

Este texto regula por primera vez, además de las modalidades de juego tradicionales como el bingo o el casino, los nuevos tipos de apuestas que se pueden realizar a través de Internet o del móvil, que carecen de un marco regulador y se encuentran en situación de "alegalidad".

La nueva normativa permite que, por primera vez en España, los equipos de fútbol podrán cobrar por las apuestas deportivas. En concreto, se incluye en la ley una nueva disposición final en la que se regula la distribución de la recaudación y los premios de las apuestas deportivas del Estado. De esta forma, en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor, el Gobierno deberá aprobar un real decreto en el que se regulen los porcentajes y el régimen de participación y distribución del retorno de la recaudación de las apuestas deportivas que, el Consejo Superior de Deportes (CSD) u organismo competente, deberá transmitir a las entidades organizadoras de las competiciones deportivas vinculadas, señalando los fines y demás obligaciones.

Periodo de transición

El Congreso ha incorporado un centenar de enmiendas, muchas de ellas pactadas por todos los grupos; entre éstas destaca el establecimiento de un periodo transitorio para que las empresas puedan regular su situación y sus actividades de patrocinio y de publicidad en los medios de comunicación.

Además, entre los cambios que se han introducido figura la obligación de las empresas que utilicen Internet para ofrecer sus juegos de apuestas de utilizar un dominio español, para reforzar así la supervisión y el control de las autoridades nacionales.

La ley establecerá nuevos mecanismos de regulación y de ordenación del sector para reforzar la seguridad jurídica de los operadores y de los consumidores de los diferentes juegos, además de para proteger a los menores de edad, a las personas que están incapacitadas legalmente para jugar, y a las que han pedido voluntariamente que no se les deje acceder al juego para prevenir situaciones de ludopatía.

Comisión del Juego

Una de las novedades que introduce la ley y más discrepancia ha generado entre los grupos parlamentarios ha sido la creación la Comisión Nacional del Juego (CNJ). Se trata de un organismo regulador que velará por el adecuado funcionamiento del sector y cuya composición se ha modificado en el trámite parlamentario elevando de cinco a siete el número de miembros de su cúpula directiva, para su adecuación con la Ley de Economía Sostenible (LES), que dicta que los organismos reguladores en España deben contar con esta cúpula directiva.

Así, serán parte del Consejo el presidente de la Comisión, que también lo será del Consejo, y otros seis consejeros; y no cuatro como decidió en un primer momento el texto del Gobierno.

Nuevo régimen fiscal

La Ley crea, además, un régimen fiscal específico para las actividades objeto de regulación de esta ley, que gravará la autorización, celebración y organización de las diferentes actividades de juego, que puedan explotar los operadores habilitados, con la excepción de la actividad de juego de las loterías, que no estará sujeto al nuevo 'Impuesto sobre Actividades de Juego'.

Para ello, se crea el 'Consejo de Políticas de Juego', órgano colegiado que asegurará la participación de las autonomías en materias como la normativa de los juegos, licencias y sistemas técnicos de control de operadores.

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Modificado el ( 19 de abril de 2011 )
 
 

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