La polémica está servida. Horas antes del debut de la selección española en el Mundial, Jordi Pujol y los independentistas catalanes expresaron su apoyo a la ley del Deporte, aprobada anteayer por el Parlamento vasco, que abre la posibilidad de que Euskadi tenga selecciones propias en competiciones internacionales.

«Es una ley importante», dijo Pujol, mientras el Gobierno anunciaba la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad. De hecho, ya existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anulaba un decreto de la Generalitat similar a la iniciativa vasca. El portavoz del Ejecutivo, Miguel Angel Rodríguez, y el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, expresaron su oposición al acuerdo de los partidos nacionalistas vascos pero, sobre todo, centraron sus críticas en el PNV y EA por haber pactado el proyecto con HB.

No hace falta insistir en que la ley es, por el momento, puramente testimonial, ya que las organizaciones deportivas internacionales -el Comité Olímpico o la FIFA, por ejemplo- sólo admiten la presencia en sus competiciones de Estados (salvo la excepción histórica británica). Los equipos vascos están integrados en las ligas españolas, lo que también hace inviable o dificulta de forma notable el propósito de los nacionalistas.

Pero el asunto adquiere una dimensión política que a nadie se le escapa. Los nacionalistas pretenden, a largo plazo, que el País Vasco y Cataluña tengan sus propias selecciones, rompiendo con la tradición de casi un siglo de un sólo equipo para todo el territorio estatal.