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Aprobada la nueva Ley de Régimen Jurídico que obliga a la Administración a contestar a los ciudadanos en tres meses 17/12/98

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy las enmiendas del Senado de al proyecto de ley de modificación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común. De este modo, queda aprobada la nueva norma por la que se obliga a la Administración a resolver las solicitudes de los ciudadanos en un plazo de tres meses y se generaliza que el silencio administrativo sea favorable al contribuyente.

La nueva norma, que fue aprobada por mayoría absoluta, pretende simplificar las relaciones de los ciudadanos con la administración, haciendo más sencillos y rápidos los procedimientos administrativos y reduciendo el número de normas que regulan su actuación.

RESOLUCIONES EN TRES MESES

Según esta norma, la administración contará con tres meses para resolver las peticiones de los ciudadanos en aquellos casos en los que no exista un plazo establecido. No obstante, este periodo podrá prorrogarse hasta seis meses para casos concretos, y sólo por ley se establecerá un plazo mayor.

Además, tal como ha introducido el Senado en una enmienda y que hoy aprobó el Congreso, el plazo máximo de suspensión para resolver un procedimiento y notificar la resolución en el caso de que se deban solicitarse informes determinantes en el contenido de esta resolución no excederá de los tres meses.

Cuando la Administración no de contestación a las solicitudes de los ciudadanos, se entenderá que la petición ha sido estimada. Se modifica así la figura del silencio administrativo de manera que si antes era negativo (la no contestación suponía el rechazo), ahora es positivo. Sólo por ley podrá entenderse que la falta de respuesta de la administración es negativa.

Sobre este punto, el Senado ha introducido una enmienda que exige al Ejecutivo a que en el plazo de dos años adapte los procedimientos para que esta figura sea efectiva.

RECURSO DE REPOSICION

Otro de los cambios que introduce la nueva ley es la recuperación del recurso de reposición, que permite al ciudadano recurrir ante el órgano que resolvió su petición en lugar de acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo. De este modo, se pretende evitar, en el ámbito local fundamentalmente, un gran número de pleitos.

Por otro lado, se introduce en el texto una enmienda del Senado que insta al Gobierno a que en el plazo de dieciocho meses elabore un proyecto de ley que regule los procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje. Esta disposición adicional fue aplaudida por la diputada del PNV Margarita Uría, quien señaló que ésta es una "asignatura pendiente" de la ley y además anunció su apoyo al texto que en su momento remita el Ministerio de Administraciones Públicas.

Coincidió con Uría el diputado de CiU Manuel José Silva que reclamó el compromiso por parte del Gobierno actual y del que le suceda de que este compromiso se va a cumplir.

GENERAL CONSENSO

Por su parte, la diputada socialista Amparo Rubiales puso de relieve el reconocimiento al esfuerzo del Gobierno en la elaboración del texto, si bien dijo tener una "sensación agridulce" por el contenido del texto. Consideró positivo el acuerdo al que se ha llegado sobre la reforma de esta norma, pero lamentó cómo queda el título primero referente a las relaciones entre las administraciones.

El diputado popular José Antonio Bermúdez subrayó las modificaciones que "enriquecen, completan, corrigen y desarrollan las carencias que esta ley había demostrado". "Una buena administración no depende sólo de normas, sino del quehacer diario", por lo que se hacen necesarios "procedimientos sencillos y ágiles", añadió.

Bermúdez apuntó al consenso como la tónica general de todo el proceso legislativo de esta reforma, si bien no faltaron oposiciones a algunas enmiendas, como las que hizo el diputado de Izquierda Unida Pedro Antonio Ríos. Este anunció la oposición de su Grupo a las modificaciones acometidas en el Senado referentes a la posibilidad de creación de sociedades mercantiles al establecer convenios de colaboración, o a la práctica de la notificación.

 

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